Al declarar en la última audiencia por la causa que investiga el accidente de Once, el expolicía que estuvo a cargo del allanamiento a dependencias de TBA, en el partido bonaerense de San Martín, descartó la quema de documentación relevante. "Había documentación con fecha de 1992 en un sótano. Estaba en muy mal estado de preservación (...) Yo vi un sótano todo mojado, sin luz, de muy difícil acceso por una escalera donde había cables sueltos, de hecho teníamos miedo de quedar pegados", explicó el policía. "La documentación estaba comida por las ratas, mi apreciación es que si alguien quiere resguardar información no la va a poner ahí", simplificó.

Poco después de la tragedia, el 22 de febrero de 2012, el juez federal Claudio Bonadio ordenó un allanamiento, tras la denuncia de los trabajadores del ramal acerca de la supuesta quema de documentación relacionada con el funcionamiento de la línea. "Se notaba claramente que ahí había un conflicto gremial. Querían dar la noticia en la televisión y me mostraron cosas que no tenían nada que ver con lo que el juzgado me mandó a secuestrar", denunció el testigo.

El juicio empezó el 22 de marzo pasado y es encabezado por los jueces del TOF2, Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D'Alessio, esta última en calidad de jueza sustituta. En el banquillo se sientan los 29 acusados, entre ellos el maquinista Marcos Antonio Córdoba, los dueños de TBA Sergio Claudio y Roque Ángel Cirigliano, y los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Todos se encuentran acusados del delito de "descarrilamiento culposo" - uno a cinco años de prisión- más, excepto Córdoba, el de "defraudación contra la administración pública" -dos a seis años de cárcel-.