La norma que en los próximos días será reglamentada por el Poder Ejecutivo chileno, para ser puesta en marcha el próximo año, tiene tres ejes: terminar con el lucro en establecimientos que reciben recursos públicos, el fin de la selección escolar y la derogación del sistema de financiación compartida con las instituciones privadas.

“Aquí lo que se acabó fue un conjunto de bases ilegítimas puestas en dictadura, a espaldas de un pueblo, y hoy día hemos recuperado la tradición histórica de Chile y las mejores prácticas del resto del mundo. Hoy el sistema educacional se ha legitimado en democracia y eso es un paso fundamental en el desarrollo del país”, señaló el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, tras una larga sesión en el parlamento.

Según el funcionario, esta iniciativa “sienta las bases filosóficas sobre cómo se organiza la educación en Chile y plantea básicamente el principio de inclusión, esto es que los niños, a través de sus padres, deciden el colegio donde asisten y no son los colegios los que deciden por ellos, que no decida la capacidad económica ni el capital cultural de los padres”.

Bachelet, por su parte, dio una conferencia en la que hizo "un llamado a las familias a que tengan calma y confianza, no se van a cerrar los colegios, al contrario, todos los cambios se van a implementar gradualmente".

La nueva ley, que entrará en vigor en marzo de 2016, es la primera gran reforma al sistema educativo chileno y se fundamenta en las demandas y grandes movilizaciones estudiantiles que se desarrollan en Chile desde 2011. La reforma tiene por objetivo terminar con las desigualdades estructurales del sistema escolar, a fin de garantizar el derecho a una educación de calidad.