"Los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción de embarazo no han impedido ni impiden la práctica en condiciones de gran riesgo para la vida y salud de las mujeres", dijo la mandataria en un acto público en el Palacio de la Moneda. En la situación actual, "atropellamos su dignidad, prolongamos sus sufrimientos, arriesgamos su vida", señaló.

El proyecto de ley, que deberá ser debatido y aprobado en el Congreso, contempla la despenalización del aborto en caso de "riesgo presente o futuro" de la vida de la madre, "malformaciones incompatibles con la vida extrauterina" y violación.

Para realizar el aborto terapéutico, se requerirá del diagnóstico de un médico, ratificado por otro profesional. En caso que la mujer necesite atención inmediata por riesgo inminente de su salud, bastará con el diagnóstico de un solo médico.

Las menores de 14 años deberán contar con una autorización de sus padres, salvo en caso de violencia intrafamiliar o abandono, en que el médico podrá pedir el permiso a un juez de familia. En caso de violación de menores de 14, el plazo para abortar se alargará de las 12 a las 18 semanas, teniendo en cuenta que "la niñas y adolescentes muchas veces desconocen su estado", dijo Bachelet. Mientras que las menores de 14 que no estén en el supuesto anterior tendrán 14 semanas para abortar.

El proyecto prioriza el deber de confidencialidad de los médicos por sobre la obligación de denunciar a las pacientes por presunto aborto, y les reconoce el derecho a la objeción de conciencia. En esa situación, el centro de salud estará obligado a derivar a la paciente a un médico dispuesto a tratarla.

Unas 16.510 mujeres ingresan al año en hospitales chilenos por embarazos de menos de 22 semanas relacionados con peligro de vida para la madre o malformaciones del feto incompatibles con la vida. Al año se registran 500 muertes por malformaciones fetales. No existen datos de embarazos por violación.

Hasta 1989 y por más de 50 años, el aborto estuvo permitido en casos de peligro de muerte de la madre o inviabilidad del feto. Pero antes de dejar el poder, el exdictador Augusto Pinochet lo prohibió. En 24 años de democracia, por la presión de la iglesia católica y grupos conservadores, ninguna iniciativa legal para restaurarlo ha prosperado.