México compareció hoy ante el organismo que examina regularmente en Ginebra a los 44 Estados Parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Los miembros del Comité, y especialmente los dos relatores, Luciano Hazan y Rainer Huhle, preguntaron a la delegación mexicana sobre los registros oficiales u oficiosos cuántas desapariciones forzadas se contabilizan en el país y, de éstas, cuántas eran mexicanos y cuántas de emigrantes mexicanos o centroamericanos que intentaban llegar a Estados Unidos, y si se está creando un banco genético de esos extranjeros. Los relatores explicaron que si no se sabe cuál es el problema, no se puede crear la legislación adecuada ni tampoco programas concretos para implementar una política de lucha.

La delegación mexicana, encabezada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, se limitó a dar algunos datos aislados sobre resolución de casos o funcionarios apartados de sus áreas al estar relacionados con este delito, pero sin establecer exactamente en qué periodo ocurrió.

El único dato preciso lo aportó la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, Eliana García Laguna, quien informó que actualmente se trabaja en la localización de 11.309 personas, de acuerdo con los registros desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el pasado 31 de octubre. Con anterioridad, además, señaló que se habían localizado 18.000 personas hasta el 31 de octubre del 2014, "el 69 por ciento".

Respecto del caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala (Guerrero), los relatores no hicieron especial hincapié porque dejaron claro que, si bien éste es un caso emblemático, la revisión en el Comité no es el foro adecuado para tratarlo y, en todo caso, es un ejemplo de un problema que es mayor.

No obstante, el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron tras una orden de las autoridades de Iguala y a manos del cártel Guerreros Unidos, estuvo presente. El primero en referirse al caso fue el propio Gómez Robledo, quien pidió un minuto de silencio para ellos.

En la sala estaban dos padres de los 43 estudiantes, Hilda Legideño y Bernabé Abraján, quienes escucharon las explicaciones dadas en distintas ocasiones por los 27 miembros de la delegación mexicana. El escepticismo de ambos quedó en evidencia en varias ocasiones en la que sus cabezas se movían en un gesto de negación al escuchar algunas explicaciones.

Legideño denunció luego ante la prensa la inacción del gobierno mexicano y los engaños de las autoridades. "Hay inconsistencias en las investigaciones; se está tapando al gobierno porque fueron policías los que se llevaron a nuestros hijos. ¿Por qué no se los investiga?", se preguntó.

El relator Huhle hizo referencia al hecho de que durante la búsqueda de los 43 estudiantes se han encontrado fosas comunes con más de 40 cuerpos, lo que le dio pie a reiterar cuestiones sobre la "guerra sucia" de los años 70 y 80.

Otro de los temas más recurrentes durante las diferentes rondas de preguntas y respuestas fue el de la protección a los familiares de las personas desaparecidas o de los testigos de algunos casos, "dado que queremos evitar la revictimización", especificó Hazan. También estuvo entre los asuntos más reiterados la reforma constitucional que permitirá que haya una sola legislación en la Federación mexicana sobre las desapariciones forzadas, dado que, hasta la fecha, cada estado tiene su propia legislación y algunos ni siquiera incluyen ese delito.