El requerimiento de Gerardo Pollicita, en el que dispuso "iniciar la pertinente investigación con miras a comprobar (...) la existencia del hecho y, consecuentemente, si el mismo puede ser penalmente reprochado a sus responsables", fue presentado ante el juez federal Sebastián Ramos, subrogante de Rafecas, ante quien había quedado radicada la denuncia de Nisman.

Días antes de su muerte, Nisman había denunciado por presunto encubrimiento a Irán, tras la firma del Memorándum de Entendimiento por la causa AMIA, a Cristina Kirchner, el canciller Héctor Timerman, al diputado Andrés "Cuervo" Larroque, a los dirigentes Luis D'Elía y Fernando Esteche, y a los dirigentes islamita Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, al exfiscal federal Héctor Luis Yrimia y a "un sujeto identificado como “Allan” que sería Ramón Allan Héctor Bogado".

Luego de que quedara definida la competencia de Rafecas para investigar el hecho, el juez Ramos -que lo subroga- “dio vista” a Pollicita, para que el fiscal opinara si correspondía rechazar la denuncia o impulsar la acción penal. Pollicita solicitó “decenas de medidas de prueba”, indicaron fuentes con acceso a la causa.

En su denuncia, Nisman sostuvo que el Memorándum entre Argentina e Irán tenía el fin de sellar la impunidad de los acusados por el atentado ocurrido en 1994, durante el gobierno de Carlos Menem, y activar una relación comercial que implicaba el intercambio de petróleo por granos.

El exsecretario general de Interpol, Ronald Noble, desmintió la denuncia de Nisman y aseguró que jamás el gobierno argentino había solicitado la caída de las credenciales rojas que aún pesan sobre los imputados iraníes, algo que sólo podía hacer el juez natural de la causa, Rodolfo Canicoba Corral.

Desde el gobierno nacional remarcaron, además, que Argentina nunca compró petróleo a Irán porque éste no podría refinarse en el país y que el comercio entre ambas naciones ha decaído a niveles ínfimos, incluso después de la firma del memorándum de entendimiento.