En sus conclusiones, el comité subrayó su "preocupación" por la falta de estadísticas precisas sobre el número de víctimas de desaparición forzada en México y pidió a su gobierno la creación de "un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional".

El registro, demandado por los grupos civiles que acudieron a Ginebra, entre ellos los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, "debe servir para determinar si las desapariciones fueron perpetradas por agentes del Estado", indica el comité.

"Si el Estado parte no sabe cuántas personas han desaparecido es realmente difícil establecer estrategias para la búsqueda" y el procesamiento de los responsables, dijo el relator Luciano Hazan.

El comité -integrado por diez expertos independientes- también recomendó a México crear una "unidad fiscal especializada en investigar desapariciones forzadas", que sea dependiente de la fiscalía general y dé también respuesta a las desapariciones de migrantes.

Respecto de los migrantes indocumentados, el comité indicó que unos 200 mil migrantes, la mayoría centroamericanos, cruzan cada año clandestinamente la frontera sur mexicana y tratan de llegar a Estados Unidos por unas rutas en las que se exponen a ataques del crimen organizado y abusos de autoridades.