Días después de alcanzar un acuerdo preliminar sobre la prórroga con los demás países de la eurozona, el partido gobernante griego ya afronta un disenso interno de miembros que temen que se dé marcha atrás con las promesas de campaña de aliviar los ajustes impuestos a cambio de la asistencia.

Grecia y sus acreedores acordaron el viernes pasado una extensión por cuatro meses de los préstamos de "rescate" por 240.000 millones de euros que Atenas comenzó a recibir en 2010, con el fin de evitar una bancarrota del país, una corrida bancaria y, como peor escenario posible, una salida forzosa del euro. A modo de contrapartida, el gobierno griego debió comprometerse con medidas de control presupuestario para mantener bajo el déficit.

Atenas había dicho que tenía previsto presentar hoy la lista de medidas, pero al caer la noche una fuente del gobierno anunció que las reformas serán enviadas mañana, cuando también serán discutidas durante una reunión en Bruselas de representantes de instituciones crediticias.

Los ministros de Finanzas y Economía de la zona euro, que juntos forman el Eurogrupo, celebrarán asimismo mañana una teleconferencia para discutir la lista de reformas de Grecia. Si el Eurogrupo decide que las medidas no le son satisfactorias, Grecia enfrentará una renovada incertidumbre financiera, ya que la ayuda europea expira el 28 de febrero.

Las fuentes griegas citadas por la agencia de noticias EFE no explicaron los motivos de la demora en la presentación de las reformas, un retraso que sin embargo llega en medio de incipiente divisiones en Syriza tras el acuerdo preliminar alcanzado el viernes pasado en Bruselas.

Grecia y sus acreedores mantienen una pulseada desde que el partido Syriza del joven primer ministro Alexis Tsipras ganó las elecciones del mes pasado con la promesa de abandonar el "círculo vicioso" de ajustes que se impuso a gobiernos conservadores anteriores de Grecia a cambio del "rescate" financiero del país.

En general, especialistas han opinado que el país tuvo que ceder en varios puntos. Sus reformas, por ejemplo, necesitarán la aprobación de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI, una supervisión que Atenas había querido eliminar como parte de su campaña por recuperar la dignidad nacional.

Desde el viernes, varios miembros de Syriza han pedido públicamente al partido y al gobierno que honre sus promesas de campaña. Ayer, el legendario Manaolis Glezos, eurodiputado griego de Syriza y emblema de la izquierda de su país, criticó el acuerdo con el Eurogrupo y llamó a los seguidores de la coalición a movilizarse para manifestar su desacuerdo.

A las críticas de Glezos, quien aseguró que el nuevo acuerdo no cambia nada respecto al programa de rescate, se sumaron hoy otros diputados y seguidores de la izquierda, como el compositor Mikis Theodorakis. En su blog, Theodorakis emplazó al Gobierno de Syriza a decir "oxi" (no, en griego) al "nein" (no, en alemán) del ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schauble, en alusión al rechazo radical de Berlín a las propuestas griegas, informó la agencia de noticias EFE. Otros diputados del ala más izquierdista de Syriza se sumaron hoy a esta línea y pidieron al Gobierno no abandonar sus "líneas rojas".

Los ciudadanos parecen apoyar cada vez con mayor porcentaje al gobierno, y según una encuesta realizada entre el 12 y el 17 de febrero, es decir, en plena negociación con el Eurogrupo, el 80 por ciento de los griegos respalda al Ejecutivo. El sondeo, publicado por el diario Avgi, revela que solo un 13 por ciento no respaldó el modo en que el Ejecutivo negoció con sus socios europeos.

En declaraciones a la televisión privada Skai antes de conocerse la demora en la presentación de las reformas, el portavoz del gobierno griego Gavriil Sakalearidis aseguró que la lista contendrá una serie de medidas que sirvan para dar un respiro a la sociedad y que de paso impulsen la economía. Los medios griegos apuntan a que se abordará además la reforma del sector público y las medidas para hacer frente a la crisis humanitaria, pero no recogerá cifras concretas sobre la cuantía que el Gobierno espera recaudar a través de ellas.

Los medios apunta a que en la lista no figurarán medidas relacionadas con la reforma laboral, la protección contra el desalojo o la mejora de las posibilidades de pagar a plazos las deudas con Hacienda y la Seguridad Social, porque el gobierno las considera cuestiones de "política interna".