La defensa de Bárcenes presentó un recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de juzgarlo, pero el extesorero insiste en que ni el gerente ni el tesorero del PP establecían los "criterios jurídico tributarios". Además de Bárcenas, Ruz pidió llevar a juicio también al extesorero Álvaro Lapuerta y al ex gerente del PP Cristóbal Páez. Según la presentación, esas responsabilidades que compete a "los administradores o legales representantes" del partido elegidos por el Congreso Nacional.

De acuerdo con los estatutos, esos administradores serían los secretarios generales y el presidente del PP. El juez Ruz considera acreditado que el PP mantuvo una contabilidad B entre 1990 y 2008, y el abogado defensor de Bárcenas también lo reconoce. Pero contrariamente a lo que argumenta el extesorero, el magistrado sostiene que los administradores de hecho de las finanzas del PP son los acusados, porque tenían la competencia delegada por parte de los secretarios generales.

En ese período, el cargo de secretario general fue ocupado de forma sucesiva por Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, quien continúa en la actualidad. Rajoy es el presidente nacional del PP desde junio de 2008.

De acuerdo con la investigación, el PP cometió un delito de fraude fiscal al no ingresar a Hacienda más de 220 mil euros que debía pagar en concepto de Impuesto de Sociedades en el ejercicio 2008.

La cifra, que se desprende de las donaciones ilegales anotadas en las cuentas B -que ese año ascendieron a 1.050.000 euros- supera ampliamente el margen de 120 mil euros a partir de los cuales se considera que existe un delito fiscal.