El requerimiento es el resultado de la denuncia pública formulada por el canciller Héctor Timerman y por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, cuando advirtieron sobre estas actividades ilegales. El escrito de 25 páginas denuncia a las petroleras por desarrollar actividades "en proximidades de las Islas Malvinas –área que forma parte de la plataforma continental argentina-, sin contar con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente".

Gonella efectuó la presentación ante el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Lilian Herraez, en forma conjunta con el fiscal general del distrito, Adrián García Lois, y el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport.

Las empresas involucradas de forma directa en las tareas ilegales de exploración son: Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc. y Rockhopper Exploration plc.

La denuncia señala que el accionar de estas empresas contraviene "los derechos soberanos y exclusivos de exploración y explotación de la República Argentina sobre su plataforma continental, al mismo tiempo que producen una significativa afectación de los recursos naturales que pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional".

El requerimiento fiscal alude además a otras cuatro sociedades que "en forma directa o indirecta" habrían efectuado aportes para consumar la maniobra que se denuncia. Según la presentación de Gonella, entre esas firmas está la Pretoleum Geo-Services (PGS), que habría provisto sus buques "PGS M/V Ramford Sterling", "PGS Ramform Titan" y "Falcon Explorer" para realizar las tareas de relevamiento y análisis de datos estratégicos para la evaluación de la sustentabilidad de los yacimientos.

También la compañía Desire Petroleum p.l.c, que "habría suministrado datos sísmicos de utilidad y cuyo capital habría sido adquirido en 2013 por FOGL" y la Neptune EHF, propietaria del buque oceanográfico MV Poseidon, que "habría sido utilizado por FOGL para llevar adelante estudios geoquímicos y de líneas de base ambientales".

En última instancia, la denuncia individualiza a la firma Ocean Rig, dueña de la plataforma semisumergible Eirik Raude, con la cual "se estarían realizando tareas de perforación en el lecho submarino".

La imputación contra las petroleras no se limita a las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera, sino que también incluye posibles acciones de contaminación del ambiente, y hasta la posible comisión de contrabando por "importación o exportación de bienes en infracción a las leyes aduaneras de nuestro país".

El escrito agrega un detalle pormenorizado de las actividades que habrían llevado a cabo cada una de las empresas en torno a la zona de Malvinas, y también de la forma en que se habrían vinculado entre sí a través de contratos y subcontratos de servicios.

"Existen sobradas evidencias que permiten aseverar que, al menos desde el mes de diciembre del año 2013 y hasta el presente, las nombradas empresas se encuentran realizando actividades relativas a la búsqueda y también extracción de hidrocarburos, de la plataforma continental argentina, sin contar con la correspondiente autorización de las autoridades competente de este país", concluye el requerimiento fiscal.