El abogado explicó que se trató de un operativo de "saturación policial", en el que las fuerzas de todos los comandos se desplegaron en los barrios populares y realizaron allanamientos injustificados y "detenciones masivas de chicos y chicas, que se encontraban haciendo sus actividades cotidianas". Bruno denunció además que entre los detenidos se encontraban mujeres embarazadas.

Bruno explicó que los datos de las detenciones "no son oficiales" sino que fueron relevados por los integrantes de la Campaña Contra la Violencia Institucional en Córdoba en el recorrido por las comisarías.

El letrado responsabilizó al jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez, quien "con la connivencia del gobernador De La Sota", impulsa estos operativos por la demanda de "mayor seguridad" y aseguró que "con represión no hay seguridad posible".

Bruno, en diálogo con Radio Nacional Mendoza, informó que un relevamiento extraoficial indica que en lo que va de 2015 ya se produjeron entre 16 y 20 muertes por gatillo fácil, por lo que aseguró que "las organizaciones sociales están consternadas por los operativos de saturación y seguros de que no es la forma de traer seguridad".

"Creemos que hay que discutir el delito de manera democrática", indicó el abogado, tras subrayar que el gobernador José Manuel De la Sota no recibe a los integrantes de la Campaña Contra la Violencia Institucional.

Por otra parte, el abogado confirmó las muertes de los adolescentes Brian Jesús Waima, quien recibió cinco disparos por parte de un policía retirado durante una pelea entre dos grupos en el barrio Güemes, y de Nicolás Peralta, quien apareció muerto en su celda en el Complejo Penal Esperanza, un instituto para chicos judicializados de entre 16 y 18 años.

En el caso de Peralta, las autoridades de la institución se limitaron a hablar de "un suicidio". "No importa la casual de la muerte porque estamos convencidos que se da en el marco de las condiciones de detención", apuntó Bruno.