Los jueces Luis María Cabral, Ana María Figueroa y Juan Carlos Gemignani pusieron este mediodía como el momento en el que darían a conocer su decisión sobre la validez constitucional del acuerdo, que fue firmado en enero de 2013 con el objetivo de lograr la declaración indagatoria de los iraníes imputados por el atentado a la AMIA cuya captura nunca se logró efectivizar.

El Memorándum fue aprobado por el Congreso argentino, pero no fue ratificado por el de Irán. Por lo tanto, nunca entró en vigencia, ni tampoco la Comisión de la Verdad que debían integrar cinco juristas internacionales, que había sido diseñada para monitorear el proceso.

La AMIA fue la institución que lo impugnó en tribunales. En un comienzo el juez Rodolfo Canicoba Corral –a cargo de la investigación sobre el atentado– rechazó el planteo de la mutual judía, pero luego la Cámara Federal revocó esa decisión y directamente declaró la inconstitucionalidad del pacto. Ponía el foco en que la comisión de juristas asumiría funciones que estarían invadiendo el territorio del Poder Judicial.

La Sala II de Casación convocó a una audiencia pública a fines de marzo. Allí los representantes del Estado pidieron anular el fallo que establecía la inconstitucionalidad. Plantearon que la causa está impune y que el Memorándum ofrece una herramienta para poder avanzar, ya que habilita a las autoridades judiciales argentinas a interrogar a los sospechosos en territorio iraní. Pero como nunca entró en vigor, sostuvieron que no se puede adoptar ninguna resolución judicial sobre él.

El razonamiento es que no se puede evaluar el perjuicio de algo que no existe. En la misma línea expusieron las organizaciones de familiares de víctimas del ataque terrorista Memoria Activa y 18J.

En una postura opuesta, el fiscal de Casación Raúl Pleé, la AMIA y la DAIA pidieron que se ratifique la inconstitucionalidad declarada por los camaristas Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero. Insistieron en la teoría de que se estaría “delegando soberanía” e interfiriendo en los tribunales y alertaron sobre la entrega de información a los iraníes.

Las entidades se quejaron de que no se les dio participación en el diseño del acuerdo y que de lo mismo se quejaba el fiscal Alberto Nisman. Como es conocido, Nisman basó parte de su denuncia por supuesto encubrimiento contra la presidenta Cristina Kirchner y otras personas en la hipótesis de que el Memorándum tenía por objetivo exculpar a los iraníes. En primera instancia (Daniel Rafecas), luego la Cámara Federal y finalmente la Casación rechazaron la denuncia por falta de pruebas e inexistencia de delito.

Casación demoró su decisión porque mandó a traducir el pacto. Los jueces estuvieron analizando y verificando antecedentes de la actuación de comisiones investigadoras en Argentina y otros países. Algunas versiones dicen que hay empate y que el voto que definiría es el de Cabral.