"Somos una familia que lucha por la justicia para todos los jóvenes que la policía secuestra, tortura, mata y desaparece. Estos años nos han permitido dimensionar los alcances de la mafia policial estatal organizada y protegida por los poderes más grandes", comienza el comunicado de la familia Arruga.

Tras recordar la serie de amenazas sufridas desde 2008, cuando Luciano fue detenido ilegalmente y torturado, y desde 2009, cuando desapareció, los familiares denunciaron que el pasado 7 de junio amaneció incendiado el auto de Vanesa Orieta, la hermana del adolescente y cara visible del reclamo por su aparición. El joven finalmente fue encontrado en 2014, enterrado como NN en Chacarita. Se cree que fue atropellado cuadno escapaba de la policía.

Entre los episodios de amedrentamiento mencionaron la detención ilegal de una integrante de la agrupación en 2009; el intento de incendiar la casa de su madre Mónica Alegre en 2011; y amenazas a un hermano menor de Luciano "por un policía de civil y un uniformado que circulaban en un auto sin patente y lo venían siguiendo" en 2012, además de otros amedrentamientos a amigos, familiares y testigos de la causa a lo largo de los años.

"Empezamos a buscar a Luciano sabiendo que fueron ellos: lo asesinaron y desaparecieron, y un sistema los protege desde todos los frentes", afirmó la familia. Recordaron que desde 2009 "empezaron a amedrentar a toda la militancia que sostenía la causa: autos de civil, patrulleros, personas que nos seguían, amenazas de muerte".

Remarcaron que la quema del auto de Vanesa se da "en el contexto de la campaña-fiesta electoral del máximo responsable de la desaparición de Luciano" y en el marco de la lucha "por la implementación de la ley que ganamos por expropiación del destacamento para crear un Espacio para la Memoria independiente"

"A todos los funcionarios del poder ejecutivo que nos recibieron en estos seis años y medio les expresamos lo mismo: necesitamos protección. Nos negamos a cambiar nuestra identidad y mudarnos a pueblos recónditos para que el Estado se haga cargo de que nuestra vida corre peligro. Nos negamos a aceptar la custodia de las fuerzas de seguridad: ellas son las que nos persiguen", manifestaron.

Los familiares insistieron en reponsabilizar al gobierno nacional y bonaerense "por ataques a nuestra integridad y lucha". "Integrantes del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación fueron claros: 'la seguridad se negocia'. No vamos a negociar la seguridad, porque no negociamos a Luciano, ni a su memoria, ni a su historia, ni a la lucha, ni a ningún pibe", concluye el comunicado.