Además el CELS pidió condenas de 20 años para Humberto José Ramón Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti, Rodolfo Emilio Feroglio, Carlos Horacio Tragant, Santiago Omar Riveros, Bernardo José Menéndez, Antonio Vañek, Eduardo Samuel Delío, Eugenio Guañabens Perelló y Carlos Humberto Caggiano Tedesco, todos ellos acusados de "asociación ilícita agravada y, en algunos casos, por la privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas".

Para Manuel Juan Cordero Piacentini se reclamaron cinco años por privación ilegal de la libertad, debido a los términos en que se concedió su extradición.

En su alegato, el CELS, que es es parte de la querella unificada en la causa junto con la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, la abogada Alcira Ríos y el Equipo Jurídico Kaos, dio por probado que hubo delitos de lesa humanidad en la coordinación represiva de las dictaduras y que las víctimas fueron militantes políticos, sociales, sindicales o estudiantiles argentinos, uruguayos, paraguayos, bolivianos, chilenos y brasileños.

Durante el juicio en el que se ventilaron 106 desapariciones forzadas, se presentaron como prueba seis informes de organismos internacionales, 423 legajos de la Conadep, y documentos de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

El Tribunal ya escuchó el alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que pidió condenar a prisión perpetua a Santiago Omar Riveros y a Miguel Angel Furci y penas de hasta 25 años de cárcel para los demás procesados.