En el marco de la reunión de la Comisión Interpoderes, convocada por la Corte Suprema de Justicia, y de la que participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; la presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez; la titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, y el jefe de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto, Gils Carbó advirtió que la falta de regularidad de la propia comisión "tiene el efecto de debilitar el mensaje y crea el riesgo de que sectores refractarios piensen que hay posibilidad de volver a antiguos vicios".

Sin aludir a ningún político en concreto, la jefa de los fiscales resaltó que hubo "manifestaciones públicas" que en "un clima electoral" suman "vientos de impunidad" con "voces que se alzan desconociendo los compromisos que ha asumido la República Argentina" para juzgar los crímenes de lesa humanidad. "Por eso es tan importante que esta convocatoria se constituya como una forma de expresar que el avance de las causas vinculadas al terrorismo de Estado no es una cuestión que está atada a la agenda de un gobierno", aseguró.

Alak, a su turno, resaltó las tareas que se desarrollan para "mejorar la celeridad de los juicios y la detención de los prófugos", mientras que Carlotto hizo hincapié en que "estamos ante la inminencia de un punto final biológico en donde los acusados se mueran sin recibir condenas".

En su rol de jefa del tribunal de Casación, Figueroa advirtió que "el Poder Judicial está embarcado en la decisión de condenar a los responsables" de estos crímenes y afirmó que "no es una opción seguir o no con los juzgamientos sino un imperativo constitucional". La magistrada destacó, además, que haya "795 condenados; 65 absoluciones confirmadas sobre un total de 80 pedidos; 1092 procesados; 610 acusados elevados a juicios; 158 juicios celebrados, y que hayan testimoniado más de 10.500 víctimas, 1039 detenidos y 116 niños recuperados".

Al cerrar el encuentro, Lorenzetti retomó la palabra y aseguró: "Queda claro aquí que hay unanimidad en cuanto a que todo el proceso de juicios de lesa humanidad es una política de Estado, un orgullo para el país, para nuestro pueblo y un ejemplo a nivel internacional". "La coincidencia de que es un proceso debe hacernos ver que es indetenible, no cambia de dirección cualquiera sea la política del momento -dijo-. No es una opción electoral sino una decisión constitucional. Siempre hay que avanzar y no vamos a ir para atrás", concluyó.