Zoni solicitó indagar a Sara Garfunkel, a Sandra Nisman y a Lagomarsino, el informático que le prestó a Nisman el arma de la que salió el disparo que terminó con su vida el pasado 18 de enero, e incluyó en el mismo pedido al empresario Claudio Picón, dueño del Audi que usaba Nisman.

En el dictamen, Zoni aludió a supuestas "inconsistencias patrimoniales" de los imputados y a maniobras para introducir al mercado dinero que tendría origen ilícito. Ahora Canicoba Corral deberá resolver si hace lugar al pedido y fija las fechas para las indagatorias en la causa abierta tras la muerte del extitular de la UFI AMIA, cuando se supo de la existencia de la cuenta del Merrill Lynch de Estados Unidos.

Los informes llegados desde una unidad fiscal de Estados Unidos dieron demostraron la existencia de nueve depósitos hechos en esa cuenta por un total de 600 mil dólares en los últimos años.

Debido a que la la maniobra de lavado de dinero que se investiga es de 10.428.483 pesos, el fiscal de la causa pidió también embargar los bienes de los acusados para asegurar el pago de la multa correspondiente en caso de que sean condenados y las costas del proceso penal.

La ley de lavado de dinero establece que el monto de la multa será de dos a diez veces superior a la operación ilegal y por eso el fiscal solicitó que el embargo sea de 80 millones de pesos.

Zoni reclamó que se embargue un auto y un inmueble de Lagomarsino, un auto de Sara Garfunkel, dos inmuebles de Sandra Nisman y un auto y activos en cuentas bancarias de Picón.