El juez reiteró “en forma expresa” el interés de la justicia argentina por el mantenimiento de las “notificaciones rojas” con que la Organización Policial Internacional tipifica a los delincuentes buscados en todo el mundo. El pedido fue para que “se extremen los recursos y esfuerzos para averiguar el paradero de los imputados y hacer efectivas las capturas” en cualquiera del centenar de países cuyas policías integran la red.

La supuesta intención del gobierno argentino por hacer derogar esas alertas rojas fundamentó la denuncia que en enero pasado presentó el fiscal fallecido Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esa denuncia por el supuesto intento de “encubrimiento” del atentado fue desechada por la justicia. El Gobierno había rechazado la acusación poniendo de manifiesto que el pedido de levantamiento de las “alertas rojas” no era una facultad del Poder Ejecutivo sino exclusiva del juez a cargo del expediente.

Canicoba había pedido en 2008 la captura de los ocho funcionarios del gobierno iraní y un libanés imputados por Nisman como autores e instigadores del atentado a la mutual israelita que produjo 85 muertos y más de 700 heridos. El mismo juez reiteró el reclamo ante un trámite de actualización de la Comisión de Ficheros de alertas rojas que realiza organismo policial en vísperas de sus asambleas anuales donde se aprueban o rechazan esos pedidos.

Asimismo, Canicoba pidió un plazo de 45 días para elevar el informe del estado de la causa que motiva el mantenimiento de una orden de captura internacional contra acusados de delitos, que será elaborado por la UFI AMIA, que dirigió Nisman hasta su muerte, el pasado 18 de enero.