Gonella explicó que el contrato entre Marsans y Burford establece que el fondo buitre "le compra al grupo español el juicio que está llevando ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) por U$S 1600 millones, por la expropiación de Aerolíneas Argentinas", y que en la operación figura el estudio de abogados Fargosi y Asociados".

Los funcionarios confirmaron que ya se hizo la denuncia correspondiente ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, para que se inicie una investigación al respecto y se juzgue a los implicados, tanto Marsans, como Burford y Fargosi y Asociados.

Gonella remarcó que "la Argentina no sólo no debe nada, sino que hasta puede reclamar a Marsans unos U$S 1000 millones por su gestión en Aerolíneas".

El fiscal puntualizó que "Marsans y Burford hicieron un convenio para que en caso de que el Ciadi falle a favor de los españoles, luego de pagarle los honorarios correspondientes, el resto lo depositen en una cuenta del fondo buitre que además tomó el patrocinio en el juicio".

"De esta manera Marsans estaría burlando a sus acreedores, con el doble riesgo para la Argentina de tener que pagar el fallo del juicio, pero también una futura demanda de los acreedores de Marsans", subrayó por su parte Abbona, quien recordó que "Burford patrocina también al Grupo Petersen ante el Ciadi y ante el juez (federal de Nueva York Thomas) Griesa, donde reclaman por la expropiación de las acciones de Repsol en YPF". El fondo buitre reclama un resarcimiento económico, argumentando que durante el proceso de expropiación se violaron las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.

En los papeles, la acción legal fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25 por ciento de las acciones de YPF. Por su parte, Marsans inició el juicio en el Ciadi por el congelamiento de las tarifas durante la gestión española y por la expropiación llevada a cabo en 2008 por parte del gobierno argentino.

El grupo español gestionó Aerolíneas entre 2001 y 2008, periodo durante el cual generó un vaciamiento de la compañía que la llevó a una virtual quiebra, de la cual salió con la estatización de la misma, aunque Marsans dejó una deuda de U$S 908 millones, que son los acreedores que podrían accionar contra la Argentina en caso que el Ciadi le diera la razón en su reclamo.

Marsans está en bancarrota y uno de sus exdueños, Gerardo Díaz Ferrán, está preso en España por otra causa, en tanto que su socio, Gonzalo Pascual, falleció el año pasado.

A principios de 2014, el Gobierno presentó una contrademanda ante el Ciadi contra Marsans por daños por US$ 940 millones, que al igual que el reclamo de los españoles está pendiente de resolución.