"La democracia brasileña es fuerte y suficiente para prevenir que variantes golpistas tengan espacio en el escenario político brasileño", afirmó la presidenta en una entrevista a dos radios del estado de Bahía (noreste).

La jefa de Estado admitió la crisis, pero dijo que "ve luz al final del túnel". Se mostró confiada en que el Congreso "demostrará su compromiso con el país" y mantendrá los vetos que la mandataria le impuso a proyectos aprobados en las cámaras y que aumentarían el gasto público que el Gobierno intenta reducir al mínimo.

Rousseff cedió poder a través de una reforma ministerial a su aliado PMDB, para intentar sumar apoyo en el Congreso, erosionar la base parlamentaria del juicio político y armonizar el vínculo entre el Ejecutivo y Legislativo. El lunes, la presidenta recomendó "dialogar mucho" con los partidos afines al gobierno y adversarios, durante la presentación de su nuevo gabinete.

La mandataria reconoció además que en los últimos meses se ha visto amenazada por los mercados y hostigada por la oposición y recalcó que el único método reconocido para llegar al Gobierno "es el voto directo en las urnas".

El Tribunal Superior Electoral y el Tribunal de Cuentas de la Unión evalúan fallos que pueden alentar o frenar un juicio político por maniobras contables en el financiamiento de las campañas, que podrían incluso poner en cuestión su victoria en octubre de 2014 tienen en sus manos el destino político de la presidenta a riesgo de perder su mandato por la anulación de su victoria en octubre de 2014.

Ayer, el Tribunal Electoral, órgano del Poder Judicial, aceptó reabrir una investigación sobre supuesto financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT). Si el tribunal condenara a la mandataria y su vicepresidente, Michel Temer, del aliado Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), su victoria quedaría impugnada, según sostiene el opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). Apenas un rato después de que se conociera la resolución del Tribunal Electoral, Rousseff reclamó a los jueces que actúen con "imparcialidad en los juzgamientos".

Por otra parte, la presidenta es investigada en el Tribunal de Cuentas de la Unión, que no es un ente del Poder Judicial sino un organismo consultivo del Poder Legislativo. Ese órgano emitió su postura sobre presuntas maniobras administrativas de Rousseff, a quien acusa de haber financiado programas sociales sin asentar esos gastos en el balance del ejercicio 2014, con lo cual disimuló problemas fiscales. Esta maniobra, de comprobarse, constituirá una violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El veredicto del Tribunal de Cuentas fue enviado al Congreso, donde los parlamentarios evaluarán si una eventual violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal es causal para iniciar un juicio político.