El proyecto contiene los Principios aprobados por Naciones Unidas a instancias de la Argentina para la instrumentación eficiente de procesos de reestructuración de deuda, de manera de saldar resquicios legales como los empleados por los fondos buitre en los tribunales de Nueva York para litigar contra el país por la deuda que permanece en situación de default.

El presidente del bloque del Frente para la Victoria, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, evaluó que "es una buena noticia que los bloques en su conjunto respalden este proyecto de Ley". "Es un buen mensaje, aunque sabemos que no es vinculante. Lo que votó Naciones Unidas es un paso interesante", agregó.

En tanto, el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, el oficialista sanjuanino Ruperto Godoy, aseguró que "la Resolución de la ONU es muy importante para enfrentar a estos grupos minoritarios de depredadores que atacan a los países que quieren desendeudarse y lograr mayor bienestar para su pueblo".

"La Argentina marcó un camino distinto y es un ejemplo de que pudo resolver sus deudas. Por eso la atacan", afirmó.

Por su parte, la radical mendocina Laura Montero reconoció que "los principios son buenos", pero cuestionó que "se trata de recomendaciones que no tienen principios activos ni son fuente de derecho". Por último, el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá evaluó que "esta ley es un paso positivo, es una carta de buenas intenciones".

De los nueve principios aprobados por la ONU, uno de ellos hace eje en la necesidad de respetar la decisión de la mayoría en los casos de canje de deuda, de manera de evitar que un número ínfimo de acreedores pueda accionar contra una reestructuración de ese tipo, como sucedió contra la Argentina.

La Resolución también destaca que los Estados tienen derecho a reestructurar su deuda soberana lo que no debe verse "frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas". Además, postula que la reestructuración debe hacerse "como último recurso, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores".

También apunta a promover la transparencia "para aumentar la rendición de cuentas de los interesados", compartiendo tanto datos como procesos relacionados con la renegociación de la deuda. Incluso, se exige "la imparcialidad" de todas las instituciones y agentes involucrados en las reestructuraciones, "incluso a nivel regional" y que se abstengan de ejercer influencia indebida en el proceso y en otros interesados o de realizar actos que generen conflictos de interés o corrupción.

Junto a esto, los Estados tendrán la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores. Por su parte, los acreedores tendrán derecho a recibir el mismo trato en proporción con su crédito y con las características de este.

Por otro lado, se deja en claro que la cuestión de la "inmunidad soberana de jurisdicción y ejecución en materia de reestructuración de la deuda soberana es un derecho de los Estados ante los tribunales internos extranjeros, y las excepciones deberán interpretarse de manera restrictiva", para evitar embargos de embajadas o buques.

Explicita además, el principio de "sostenibilidad" que apunta a que en todas las reestructuraciones se debe preservar "los derechos de los acreedores" y promover "el crecimiento económico" de los Estados "minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos".