"La pena de muerte, un tema complejo, continúa cuestionando los valores fundamentales de nuestras sociedades y desafiando nuestra respectiva comprensión de la justicia penal", destacó el texto firmado por los cancilleres de Argentina, Suiza, Australia, Benín, Brasil, Burkina Faso, Costa Rica, España, Fiji, Filipinas, Haití, México, Letonia, Madagascar, Mongolia, Noruega, Polonia y Turquía.

Agregaron que "no existe evidencia alguna que respalde el argumento de que las ejecuciones detienen o previenen el crimen" y puntualizaron: "Ningún sistema judicial está completamente exento de error, lo que significa que una sentencia de muerte puede recaer en un inocente".

Además, en el documento a ñadieron que "frecuentemente, las penas capitales son desproporcionadamente impuestas a personas pobres, vulnerables y marginadas, agravando la discriminación en contra de los más débiles en la sociedad", y destacaron que "una amplia mayoría de países ya apoyan la abolición mundial de la pena de muerte", motivo por el cual instaron a que "pronto todos los países se puedan unir a esta tendencia".