Según Hidalgo, el comisario Márquez debe ser acusado por cuatro hechos de abuso de autoridad y dos de coacción continuada, todos en concurso real, con lo que podría pedir una pena cercana a 20 años de prisión. "Hay un primer hecho que hace que se plantee un abuso continuado, de coacción. Hay otros tres hechos de abusos de autoridad, y también otro hecho de coacción contra personal policial, individualizados".

Estos delitos contemplan una pena de dos años de prisión pero la sumatoria de los mismos podría llevar a pedir "un monto elevado, cercano a los 20 años", explicó el fiscal.

El proceso contra Márquez se inició por denuncias de la oficial Natalia Zárate y el suboficial Jesús Calvo, quienes en mayo de 2012 señalaron que el comisario los obligaba a practicar detenciones ilegales a fin de engrosar las estadísticas para demostrar la supuesta "efectividad" de la fuerza de seguridad provincial.

Márquez, que en esa época estaba al frente del Comando de Acción Preventiva (CAP), en el distrito 8 de barrio Panamericano de la ciudad de Córdoba, utilizaba para las detenciones irregulares figuras del Código de Faltas provincial, como "merodeo" o "escándalo en la vía pública".

Según el abogado patrocinante de los policías que realizaron la denuncia, Carlos Nayi, Márquez “ordenaba la detención de personas en la vía pública, hubieran cometido o no delito alguno”, e impuso un sistema de "premios y castigos" para el personal bajo sus órdenes.

Las fotos de quienes lograban las "metas" eran colgadas en la sede del CAP y quienes las incumplían eran recargados en sus servicios sin el pago de horas extras. "Si no había hechos (delictivos), se les daba a los uniformados la orden de salir a buscar a personas humildes, indefensas y jóvenes, poniendo toda la infraestructura en generar procedimientos falsos", afirmó Nayi.