Mié 11.11.2015

13:14  › "UNA SOLUCIóN SIN VIOLENCIA"

Comenzó el censo del asentamiento de Merlo

La ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, confirmó la puesta en marcha de "un censo sujeto a la ley de hábitat provincial" para relevar las necesidades sociales de las familias que tomaron en octubre pasado un predio de 60 hectáreas, mientras el subsecretario de Urbanismo Social, Ricardo Spaletti, pidió el retiro "voluntario" de los vecinos censados para evitar un "desalojo" y se mostró confiado en "llegar a un entendimiento de todas las partes y poder generar un proceso de urbanización" en el lugar.

El censo se realiza en un lugar designado por la Fiscalía General de Morón sobre la ruta 1003, afuera del terreno tomado, y, según informó la Policía, luego de relevar la información de cada familia, los ocupantes no pueden reingresar al lugar.

"Estamos desde el día de ayer con el ministro (Eduardo) Aparicio, de Desarrollo Social, el ministro (Alejandro) Granados, de Seguridad, con instrucción precisa del gobernador (Daniel) Scioli de generar una solución pacífica y sin violencia", sostuvo la ministra de Gobierno bonaerense.

"Repudio absoluto a cualquier tipo de toma de predios, no es la solución para un problema que existe que son las familias con necesidades habitacionales, también hay vivos que se aprovechan y el uso político", considero en declaraciones a Radio 10.

En la misma sintonía, Spalletti destacó el "relevamiento social" que se realiza para determinar "la composición familiar y los grados de vulnerabilidad social" de los vecinos que ocupan el predio, y aseguró que luego se articularán "todos los medios para que el predio sea utilizado como para generar un loteo a través de la ley de hábitat, que contempla la generación de lotes con dotación progresiva de servicios y la realización de todos los estudios de impacto ambiental, hidráulicos", explicó.

El funcionario precisó que parte una de los terrenos ocupados son privados, y otra pertenece a un complejo habitacional en construcción, financiado por el gobierno nacional pero controlado por la municipalidad de Merlo, por lo cual instó a sus ocupantes a que se retiren "porque la obra ya está adjudicada".

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