La investigación del Observatorio de Femicidios "Marisel Zambrano" de la ONG, precisa que 36 hombres y niños fueron asesinados al quedar en la "línea de fuego" del asesino y que las casas fueron el lugar más inseguro para las víctimas, ya que 113 de los hechos ocurrieron allí.

En tanto, las armas de fuego, el elemento más utilizado por los asesinos, se llevaron las vidas de 57 mujeres. Otras 41 de ellas murieron apuñaladas, 39 las mataron a golpes y 19 las incineraron, modalidad que en Argentina registra un triste récord.

De las asesinadas, 15 habían denunciado al maltratador, 13 tenían orden de restricción de acercamiento del violento y 10 de ellas estaban embarazadas.

Otros datos destacados por la pesquisa muestran que 10 femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad, que cinco trans fueron asesinadas y que una era una mujer originaria.

Los datos se dieron a conocer hoy durante una conferencia organizada por el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) para dar inicio a los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres.

Durante el encuentro, Ada Rico, presidenta del Observatorio y Fabiana Tuñez, directora de la ONG, solicitaron “el urgente” tratamiento parlamentario de los anteproyectos de ley sobre pérdida automática de la responsabilidad parental del femicida condenado y de la ley "Brisa", que busca otorgar un reconocimiento económico a hijos de víctimas de femicidios hasta la mayoría de edad.

Brisa tiene tres años e integra la triste lista de 2.196 niños huérfanos por femicidios desde 2008 y hasta 2014, según registros de la ONG, niños para quienes las dirigentes sociales pidieron un patrocinio jurídico “especializado y capacitado en la temática que escuche sus voces y los represente”.

Rico y Tuñez también bregaron para que “se reglamente y se ponga en marcha” el patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de violencias, aprobado por el Congreso Nacional; una asignación de un subsidio económico equivalente a una jubilación mínima por tres años a las mujeres en situación de violencia así como licencia por violencia de género en todos los ámbitos laborales, no menor a 20 días anuales, y su inclusión en los convenios colectivos de trabajo.

Asimismo, reclamaron “la reglamentación y puesta en marcha” del Plan Nacional contemplado en la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres “no incluido en el presupuesto del 2016”.

Como existe legislación sancionada en los últimos 10 años para proteger a las víctimas, las profesionales propusieron la creación de una comisión de seguimiento e información en el Congreso Nacional y en las Legislaturas provinciales “para el cumplimiento efectivo de las normas existentes en materia de violencia de género”.

También exigieron la apertura de Oficinas de Violencia Domestica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias para “agilizar” las medidas cautelares de protección; más hogares y refugios “para actuar en la emergencia” y botones antipánico “en todo el país”.

Capacitar en la temática en el ámbito educativo “y en todos los sectores que tienen contacto con las víctimas, incluida las fuerzas de seguridad y personal judicial”, se sumaron a los pedidos que dieron contexto real a la estadística.