En el cierre del alegato de la querella unificada de las víctimas, el abogado del CELS Rodrigo Borda concluyó que el exsecretario de Seguridad y los exjefes de a Policía Federal fueron “responsables de la conducción, coordinación e implementación de la represión policial que el 20 de diciembre de 2001 mató a cinco personas e hirió a otro centenar en los alrededores de la Plaza de Mayo".

En ese sentido, los consideró culpables de ser autores penalmente responsables del homicidio culposo de Gastón Riva y Diego Lamagna y de las heridas sufridas por una decena se sobrevivientes.

La querella hizo un apartado especial para subrayar la levedad de las penas que contempla el Código Penal para los delitos culposos, o sea, aquellos en los que el responsable no habría tenido intención manifiesta de provocar el daño.

Borda resaltó que tanto Mathov como los jefes de la Federal eran "responsables de controlar la represión aquel día, de evitar que se desmadre, como ocurrió, y haber incumplido con ese deber" y fue ese incumplimiento el que llevó a la trágica cifra de muertos y heridos en la represión de las protesta, aunque no hayan sido ellos los autores materiales.

Para Andreozzi, titular de la superintendencia de la federal, y Gaudiero, a cargo de la Dirección General de Operaciones, las penas pedidas fueron de 4 años y seis meses; y de 4 años y tres meses, respectivamente, por cuestiones de jerarquía.

La querella no aplicó ese criterio al pedir la misma pena para Mathov y Santos, al considerar que el exjefe de la Federal cumplió un "rol determinante en la represión impedía hacer cualquier tipo de ponderación en su beneficio". En el alegato tambié se solcitó que la condena incluya la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años para los máximos responsables; y de ocho años para los otros dos acusados.

Tras el cierre del alegato del CELS arrancó el alegato de la Fiscalía, luego será el turnos de las defensas. El fallo se conocería recién en marzo de 2016, catorce años y tres meses después de la represión.