21:05 › EN BUSCA DE UN GOLPE “A LA PARAGUAYA”
El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil aceptó la apertura del juicio político a la mandataria Dilma Rousseff, a partir de una causa en la que se investigan irregularidades fiscales. "Es autorizar la apertura, no dar un juicio de mérito, será la comisión especial la que podrá acoger o rechazar", explicó. Cunha anunció su decisión pocas horas después de que la bancada del gobernante Partido de los Trabajadores resolviera votar a favor de que se abriera un proceso de destitución en su contra por las acusaciones de corrupción.
La decisión del poderoso legislador evangélico investigado por corrupción en el marco del megafraude a la estatal Petrobras deberá ahora ser analizada por una comisión de diputados. Si ésta le da luz verde, será votada en el plenario de la Cámara baja.
Con 342 votos del total de 513 diputados, Rousseff puede ser apartada de su cargo a poco de haber asumido su segundo mandato el 1 de enero pasado. Luego el plenario del Senado la juzgará y en caso de que dos tercios de la cámara alta (54 de 81) levanten su mano afirmativamente Rousseff perderá su mandato y será sustituida por su vicepresidente, Michel Temer (PMDB), hasta las próximas elecciones presidenciales de 2018.
"No hago esto con ninguna felicidad, sé que es un gesto delicado en un momento en que el país atraviesa una situación difícil", manifestó Cunha, cuyo cargo también está en juego por la investigación de Petrobras. Tras agitar el fantasma del impeachment durante meses, Cunha decidió pasar a la acción el mismo día en que diputados del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) hicieran público que votarían a favor de abrir una investigación contra él en el Congreso por haber ocultado millonarias cuentas en Suiza. Ese proceso tiene potencial de terminar con el mandato del actual jefe de la cámara baja.
El pedido de impeachment aceptado por Cunha contra la mandataria fue realizado por un grupo de juristas -incluido un exfundador del PT, Helio Bicudo- que la acusan de haber maquillado las cuentas públicas para cubrir falencias de su gestión, considerado un "crimen de responsabilidad".
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