El juicio político contra Cunha había sido interrumpido ayer por una decisión de la Mesa Directora de la Cámara baja, controlada por él mismo, que impugnó el nombramiento del diputado Fausto Pinato como instructor del caso.

La Mesa argumentó que, según la normativa interna, el instructor no puede pertenecer a un mismo bloque parlamentario que el acusado y que Pinato es del Partido Republicano Brasileño (PRB), que actúa en el mismo grupo que lidera el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del cual es miembro Cunha.

El diputado Ze Geraldo, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), aseguró que "los seguidores del diputado Cunha quieren causar revuelo" para dilatar su acusación y luego empujó a su colega Wellington Roberto, del Partido Republicano. "Nadie es tan macho como para golpearme", rebatió Roberto visiblemente irritado con el petista Geraldo cuando otros parlamentarios intercedieron para apaciguar los ánimos.

Cuando los ánimos se calmaron, fue elegido como nuevo instructor el diputado Marcos Rogério, del Partido Democrático Laborista (PDT), quien anunció que presentará un primer informe sobre el caso en una sesión convocada para el martes próximo.

Según sostiene la Fiscalía, Cunha recibió de la red de corrupción en Petrobras al menos unos 5 millones de dólares y mantenía ese dinero en cuentas secretas en bancos suizos, cuya existencia ha negado pero ha sido comprobada por la propia Justicia helvética.

El jefe de los Diputados integra una lista de medio centenar de políticos sospechosos de haberse beneficiado de los delitos de corrupción en Petrobras, que salpican además a una veintena de empresas privadas. En esa lista está también el actual presidente del Senado, Renan Calheiros, quien al igual que Cunha pertenece al PMDB, partido con una histórica división interna que es parte de la coalición de gobierno. El vicepresidente Michel Temer, quien se distanción publicamente de Rousseff, surge en estos días como un posible sucesor de transición.

Como jefe de la Cámara de Diputados, Cunha aceptó la semana pasada iniciar el trámite para un juicio político contra la jefa de Estado Dilma Rousseff, debido a unas irregularidades fiscales en las que ha incurrido el Gobierno para maquillar sus resultados.

La oposición sostiene que esas maniobras suponen un "delito de responsabilidad", que es una de las causas que la Constitución contempla para destituir a un mandatario.

El proceso contra Rousseff comenzó este martes en la Cámara de Diputados, pero fue suspendido por la Corte Suprema, que atendió una demanda contra los trámites adoptados en la elección de una comisión parlamentaria que examinará las acusaciones contra la mandataria. La suspensión se ordenó mediante una medida cautelar que estará vigente al menos hasta el próximo día 16.