Tal como lo habían solicitado los abogados querellantes, el juez penal de primera instancia rosarino Luis María Caterina deberá remitir ahora el expediente al fuero federal. De todas formas, la medida adoptada puede ser apelada, algo que los abogados defensores de las cinco personas detenidas por la muerte de Escobar (23) ya adelantaron que lo harán.

La decisión de investigar el caso como "desaparición forzada de persona" surgió en una audiencia de partes en la que el juez Caterina debía resolver el planteo de la querella. El magistrado consideró que hay elementos que permiten inferir la “posible participación de agentes policiales” en el asesinato del empleado municipal.

Por esa razón, se declaró incompetente al entender que podría tratarse de un caso de "desaparición forzada de persona", cuya pena en caso de condena es mayor a la de homicidio simple.

Gerardo “Pichón” Escobar, quien trabajaba en la Dirección de Parques y Paseos del municipio de Rosario, desapareció la madrugada del 14 de agosto último tras salir de un after hour del centro de esta ciudad.

Su cuerpo apareció flotando en el río Paraná el 21 de ese mes, siete días después, y según un video grabado por una cámara de seguridad fue golpeado a la salida del boliche.

La Justicia local imputó con prisión preventiva a tres "patovicas" del after hour “La Tienda” y a dos policías que prestaban servicios adicionales en el bar. A uno de los vigiladores lo acusó como autor del homicidio mientras que los otros cuatro fueron imputados por posible encubrimiento.