Los decretos permiten la regularización de entre cuatro y cinco millones de inmigrantes en situación irregular que tienen hijos estadounidenses, aunque las medidas fueron suspendidas después que un tribunal federal de Texas cuestionara su constitucionalidad al alegar que Obama se excedió en sus atribuciones.

La iniciativa de Obama es considerada una "amnistía" para extranjeros que permanecen ilegalmente en el país, aunque la Casa Blanca insistió en que los decretos fueron una necesidad ante la incapacidad del Congreso de legislar sobre el asunto. La principal medida la que permite a personas cuyos hijos nacieron en Estados Unidos o ya regularizaron su situación mediante un procedimiento abierto en 2008 tramitar su permanencia en el país y obtener un permiso temporario de trabajo.

En la práctica, la implementación de los decretos literalmente "blinda" a varios millones de personas del riesgo de la deportación, una de las más apremiantes demandas de los entidades de defensa de los inmigrantes. Sin embargo, el fiscal general del estado de Texas, Ken Paxton, encabezó una alianza con 25 otros estados cuestionando la legalidad de los decretos, argumentando que el presidente invadió una atribución que es exclusiva del Congreso.