"Milagro Sala ha sido acusada de liderar la ocupación de lugares públicos, restringiendo la circulación de vehículos; y de no respetar el plan de regularización de cooperativas decretado por el gobierno provincial, a pesar de no ser autoridad formal de ninguna de ellas", se indicó en el comunicado.

A través de una "acción urgente", la organización solicitó que se garantice la integridad física de Sala, se ordene su inmediata liberación y se ponga fin a la persecución de la dirigente y las organizaciones sociales.

Mediante un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), informó que mediante una acción conjunta con Amnistía Internacional y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) se realizó una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que libre medidas cautelares que garanticen "la libertad de Milagro Sala y el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la protesta social en Jujuy".

El pedido se hizo extensivo a los integrantes de la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy (ROS) Germán Noro, Emilio Cayo Rocabado y Alberto Esteban, sobre quienes también pesan causas judiciales, aunque la justicia jujeña sólo decidió ordenar y sostener la detención de Sala.

El CELS denunció que los referentes de la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy "han sido víctimas de hostigamiento y persecución penal en el marco de una protesta social de sectores populares en esa provincia" y resaltó que el "accionar incluyó la detención arbitraria de Milagro Sala".

En ese sentido, el organismo subrayó que "el gobierno provincial y la justicia jujeña están utilizando dos figuras penales para criminalizar la protesta con imputaciones vagas" y aclaró que "en un proceso penal por estos delitos y con estas características no corresponde que la persona acusada sea privada de su libertad en forma preventiva".

Además, el CELS advirtió que "su detención está siendo utilizada de manera extorsiva para limitar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión de las organizaciones sociales, violando derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos a los que, vale resaltar, la Argentina se encuentra obligada".

"La privación arbitraria de la libertad como respuesta a la protesta social implica un daño irreparable para las personas directamente involucradas y también tiene efectos intimidatorios para el conjunto de la comunidad", sentenció el organismo.

En la presentación realizada a la CIDH, las organizaciones señalan “la gravedad manifiesta en el inicio de una persecución penal con exclusivo sustento en el desarrollo de una protesta" y afirman que "se concreta así un impacto arrollador sobre el ejercicio de la libertad de expresión”. Y denuncian que "las medidas judiciales impulsadas por el poder ejecutivo de la provincia de Jujuy procuran desarticular la manifestación y amedrentar a sus participantes".