La inventiva puesta en marcha en la persecución a Milagro Sala no tiene límites y en los últimos tiempos despliega una estrategia adicional: desacreditar a su defensa con denuncias sostenidas y/ o formuladas desde el propio Poder Judicial. La semana pasada le tocó a la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, cuando dos jueces de un tribunal oral federal que juzga a la dirigente de la Túpac Amaru por daño agravado, la acusaron del “usurpación de títulos y honores” con el argumento de que no tenía la matrícula habilitada para litigar en Jujuy. La letrada, sin embargo, había presentado desde el inicio una autorización provisoria de la Cámara de San Martín, donde hizo el trámite que le serviría hasta que le tomara el juramento de rigor, para lo cual tenía fecha el 13 de junio. Otros dos defensores de Sala habían sido denunciados con anterioridad. Uno de ellos, Luis Paz, es quien la representa en los ocho expedientes que tramitan en la provincia. Hasta cualquier espectador desprevenido, diría que la quieren dejar sin abogados.

“Nuestra lectura, como defensa de Milagro Sala, es que la denuncia de estos jueces es un acto más de hostigamiento contra los derechos de Milagro y toda la organización Túpac Amaru. Muestra a un Poder Judicial cooptado por el poder político y nos permite vislumbrar cuál puede llegar a ser la posición de estos jueces ante un eventual juicio. Como es evidente, no tenemos tranquilidad de contar con jueces imparciales e independientes”, dijo Página/12 Gómez Alcorta, quien litiga históricamente en expedientes de lesa humanidad. Además de defender a Sala en dos expedientes, Gómez Alcorta denunció la privación ilegal de su libertad junto con los abogados Damián Loretti y Pablo Llonto, más seis miembros del Parlasur, que la dirigente detenida integraba como representante argentina.

Los jueces que la denunciaron son María Alejandra Cataldi y Mario Héctor Juárez Almaraz, quienes integran el tribunal oral federal a cargo de la causa que inició el gobernador Gerardo Morales contra Sala cuando era senador, donde la acusó de amenazas y daño a raíz de un escrache durante una charla sobre control de fondos públicos que dio en hace más de seis años en el Consejo de Ciencias Económicas de Jujuy. La denuncia estaba basada en testimonios de ex militantes que ni siquiera se sabe si estuvieron en el lugar, mientras que la que seguro no estaba era Sala. Es conocida como la causa de “los huevos”, que le tiraron a Morales. Por el primer delito sobreseyeron a Sala el 12 de mayo último. Queda la imputación por daño, que Morales logró que se convirtiera en agravado con el argumento de que el Consejo es un edificio público y que allí hubo rotura de vidrios. Hace tiempo, esos dos jueces se habían negado a darle la probation a Sala con el argumento de “la repercusión social del hecho”.

La dirigente había pedido designar a Gómez Alcorta como su defensora, pero Cataldi y Juárez Almaraz le dijeron que no por la cuestión de la matrícula, y a pesar de que finalmente adelantó su jura para poder ejercer la abogacía en Jujuy para el 16 de mayo, ese mismo día la denunciaron penalmente, con la disidencia del juez Santiago Díaz. El caso le tocó al fiscal Domingo Batule. Ella en un escrito donde reitera que quiere asumir la defensa, se reserva el derecho de denunciar a los jueces por “abuso de autoridad”, “persecución a Milagro Sala” y hostigamiento. Luis Paz, otro de los abogados, fue denunciado por presunta coacción a la hija de uno de los imputados en una causa por tentativa de homicidio de una menor y hasta fue indagado. En rigor, se le había acercado un día en tribunales para decirle que no podían obligarla a declarar al tener un parentesco con el acusado. Paz representa a la líder de la Túpac en todas las causas (desde la del acampe, por la que fue presa en un comienzo, como excusa, hasta las posteriores de asociación ilícita, supuestas lesiones, encubrimiento y la de la “ruta del dinero” que apuntaría al kirchnerismo). En abril fue detenido Alberto Bellido, otro de los abogados, también en la causa por tentativa de asesinato.

El colectivo nacional de Abogados y Abogadas en Causas de Lesa Humanidad repudió en un comunicado la seguidilla de denuncias contra los defensores, que consideró como un “nuevo ataque del Poder Judicial de la provincia de Jujuy hacia quien ejerce la defensa técnica de la dirigente social Milagro Sala”. “Molestar, denunciar y hostigar a las abogadas y abogados en el ejercicio de su profesión y en el marco de la causa en la cual están ejerciendo a defensa técnica de una persona es una clara obstrucción al derecho de acceso a la justicia”, dice el texto de la agrupación. Exigen que sea retirada la denuncia contra Gómez Alcorta y dice que alerta a “los colegios de abogados sobre la grave situación institucional que se está viviendo en Jujuy ante la persecución de defensores de los derechos humanos”, que también fue presentada ante la relatoría de la Comisión Interamericana (CIDH).