El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso que sean llamados a prestar declaración indagatoria el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el detenido ex secretario de Obras Públicas José López y otras 40 personas, entre las que aparecen varios ex mandatarios provinciales. Es en el marco de la causa en la que se investiga la presunta comisión de los delitos de "defraudación a la administración pública" y "lavado de dinero" a través del programa de construcción de viviendas sociales Sueños Compartidos.

La ronda de indagatorias comenzará el 4 de julio con la declaración del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala e incluye también a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, al ex ministro de Trabajo y actual legislador porteño Carlos Tomada y a los ex gobernadores Jorge Milton Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Maurice Closs (Misiones), al mandatario santafecino Miguel Lifschitz y al ex intendente de Almirante Brown Darío Giustozzi.

También citó a declarar a la presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, y al actual presidente del Consejo Nacional del PRO, Humberto Schiavoni, quien era titular de la Coporación Sur, una empresa estatal del gobierno porteño encargada de planificar las obras en el sur de la Ciudad.

La decisión del magistrado de convocar a declarar a una larga lista de personajes de la política nacional en el marco de una causa iniciada en mayo de 2011 se conoció esta tarde, luego de que López fuera detenido ayer y su nombre se instalara en los tribunales federales de Comodoro Py donde es investigado en el marco de distintas causas.

“Las notas apuntadas permiten reconstruir una hipótesis delictiva, según la cual Sergio Mauricio y Pablo Guillermo Schoklender, valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, habrían utilizado a la Fundación de la cual eran apoderados, en connivencia funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener ilegítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal", sostuvo el juez en la resolución de 27 páginas a la que accedió esta agencia.

El magistrado sostuvo también que parte de esos fondos se "habrían detraído luego de su destino específico –con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado-, contando para ello con la colaboración de otros empleados infieles de la fundación, así como también con terceras personas y empresas que fueron utilizadas para dar apariencia lícita a las sumas dinerarias ilegítimamente percibidas”.