Gracias a los cambios al Impuesto a los Bienes Personales que impulsa el Gobierno, el presidente Mauricio Macri dejará de pagar el próximo año 1,4 millón de pesos que le corresponderían por ese tributo, según el patrimonio que declaró para 2015, de 110 millones de pesos. Si el patrimonio volviera a crecer este ejercicio, el beneficio sería mayor. Para el ministro de Energía, Juan José Aranguren, la sanción de la ley le significará un ahorro de 1,1 millón de pesos. Alfonso Prat Gay se librará de entregar a la AFIP unos 650 mil pesos, algo menos que los 950 mil que retendrá Carlos Melconian o los 750 mil de Mario Quintana. El beneficio para Hernán Lombardi será de 240 mil pesos; para Federico Sturzenegger, de 220 mil; para Susana Malcorra, de 130 mil y para Francisco Cabrera, de 110 mil. La condición para no tributar nada del impuesto a la riqueza es que demuestren ser buenos contribuyentes ante la AFIP y tengan todo su dinero en blanco, según establece la ley ómnibus que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados. Por supuesto que los funcionarios no serán los únicos favorecidos sino que la norma es de alcance universal, pero el Presidente y su gabinete forman parte de la clase social que más celebrará cuando el Senado termine de completar el trámite parlamentario. La reforma impositiva que incluye la ley de blanqueo y pago a jubilados reduce la carga tributaria de los sectores más adinerados, profundizando la política que empezó con la eliminación y baja de retenciones agropecuarias, a las mineras, a las grandes industrias, a los autos de alta gama, a los aviones y a las embarcaciones. Los gravámenes al patrimonio van perdiendo incidencia en la estructura de recaudación fiscal. El ministro de Hacienda y Finanzas sostuvo que le gustaría avanzar más rápido en la reducción de impuestos, pero que las limitaciones presupuestarias se lo impiden.

Los cambios al Impuesto a los Bienes Personales votados por los diputados del oficialismo, con el apoyo decisivo del Frente Renovador y el Bloque Justicialista, fueron elogiados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), un desprendimiento de la liberal Fundación Mediterránea. De acuerdo a sus cálculos, la reducción de la alícuota del gravamen, la determinación de un nuevo mínimo no imponible y el aumento de 305 mil a 800 mil pesos de patrimonio a partir del cual empieza a incidir el impuesto este año provocará la siguiente caída en la carga tributaria sobre los sujetos alcanzados:

- Quienes declaran un patrimonio de 1 millón de pesos, en lugar de pagar a la AFIP 7500 pesos tributarán 1500.

- Con 2 millones de pesos, la carga pasa de 15.000 a 9.000.

- Con 5 millones, de 50.000 a 31.500.

- Con 7,5 millones, de 93.750 a 50.250.

- Con 10 millones, de 125.000 a 69.000.

- Con 20 millones, de 250.000 a 144.000.

- Con 100 millones, de 1.250.000 a 744.000.

“El Gobierno ha tomado hasta el momento una serie de medidas tributarias tendientes a eliminar parte de las distorsiones acumuladas en los últimos años por el sistema tributario y lograr una reducción, al menos parcial, de la presión tributaria de personas y empresas”, describe el informe del Iaraf. “Más allá de diversos juicios de valor sobre la efectividad de las mismas y sobre la prioridad dada a la solución de las distorsiones, debe reconocerse que se ha revertido la tendencia al crecimiento constante de la presión tributaria que se verificaba desde hace una década”, destaca. Para los liberales, la reducción de impuestos es un elemento central de la teoría del derrame: mientras menos recursos retenga el Estado, las empresas tendrán más disponibilidad para las inversiones y la generación de empleo. Bajo la misma lógica fue que se achicaron las contribuciones empresarias a la seguridad social en los ‘90 y en 2001, en ambos casos promovido por la figura más rutilante que entregó la Fundación Mediterránea, Domingo Cavallo. La hipótesis no se constató en la realidad, ya que el desempleo pasó de 6 a 18,4 por ciento entre 1991 y 1995 y escaló a 25 por ciento en 2001. En cambio, lo que ocurrió fue que se ocasionó un agujero fiscal gigantesco que durante varios años fue cubierto por un endeudamiento de la misma magnitud hasta que se cortó el chorro y la Argentina cayó en default. Las jubilaciones y demás prestaciones de la seguridad social quedaron congeladas por más de una década, dando lugar a un empobrecimiento creciente de los titulares de esos derechos. El caos provocado forzó al gobierno de Néstor Kirchner a partir de 2003 a tomar una decisión crucial: utilizar los escasos recursos disponibles para recomponer primero la situación de quienes ganaban haberes miserables o aumentarles a todos por igual. El ex presidente optó por la primera salida y eso fue lo que motivó el fallo Badaro de la Corte Suprema, que dio lugar a una avalancha de juicios que se fueron cancelando con esfuerzo. La ley de “Reparación histórica de los jubilados” que ahora impulsa el macrismo, detrás de la cual se coló el blanqueo y la reforma impositiva que les baja impuestos a quienes tienen más patrimonio, es parte de aquel proceso. Pero otra vez, además de no solucionar el problema, aplicar quitas a quienes hicieron juicios y habilitar una bomba de tiempo de probables nuevas demandas, se comprometen gastos que el sistema previsional no podrá costear y lo llevará nuevamente a la quiebra, dando espacio político, cuando las quejas arrecien, a una nueva privatización de la seguridad social.

Para hacer más digerible el blanqueo, el Gobierno dispuso en la ley que aquellos contribuyentes que están al día con la AFIP y no ingresen a la exteriorización de capitales quedarán exentos de Bienes Personales. Por eso es que Macri y su gabinete, en lugar de tributar las cifras mencionadas al comienzo se guardarán en el bolsillo cientos de miles o más de un millón de pesos que les hubiera tocado pagar el próximo año de no realizarse los cambios propuestos.

Pero las ventajas no terminan ahí. La ley también establece una reducción gradual de la alícuota de Bienes Personales. Quienes ingresen al blanqueo, en lugar de pagar una tasa que va del 0,5 al 1,25 por ciento, tributarán por el ejercicio 2016 una alícuota del 0,75; por el de 2017, 0,5 por ciento, y por el de 2018, 0,25 por ciento. Como ya se indicó, los contribuyentes “cumplidores” con la AFIP no pagarán nada por esos tres ejercicios. La eliminación de la progresividad de la alícuota es un beneficio orientado directamente a favorecer a los que más tienen. Ese es su único efecto. Las grandes fortunas de la Argentina, de miles de millones de pesos, dejarán de entregar al fisco varios millones, profundizando la regresividad del sistema impositivo. El proyecto original del Gobierno establecía la eliminación de Bienes Personales desde 2019, pero Cambiemos concedió como prenda de negociación para el apoyo del Frente Renovador que la tasa quede en 0,25 desde ese año. Es decir, aquellos que más pagaban pasarán de tributar 1,25 de su patrimonio a 0,25.

Otra medida en la misma dirección es la supresión de la sobretasa de 10 por ciento que pagan las empresas por la distribución de dividendos. Fue uno de los cambios que el Congreso votó en 2013 en un intento de gravar la renta financiera. En su lugar no se crea ninguna otra imposición. El Iaraf también valora esa modificación. En su informe, reserva un párrafo final para la reforma tributaria integral que anunció el Gobierno para 2017. Sugiere que los cambios “deberían tender a reducir la presión tributaria sobre el sector privado”, lo cual obligará a disminuir el nivel de gasto público, “de manera tal de reducir el peso del Estado en la economía”. En resumen, menos impuestos para los que más tienen y menos gasto del Estado en quienes más lo necesitan. Ese es el camino.