Quizá no se note de inmediato, pero la incorporación de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti a la Corte Suprema tendrá entre sus grandes impactos el de poner en crisis el modelo actual del tribunal concentrado en la figura de Ricardo Lorenzetti, presidente supremo desde hace diez años, con un mandato vigente hasta 2019. Una vez que Mauricio Macri firme el decreto de designación definitiva de sus candidatos, habrá terminado de convertir lo que fue su primera medida escandalosa de gobierno en un triunfo: los jueces que nombró en comisión, por decreto, al final consiguieron el acuerdo del Senado –como manda la Constitución– con una holgada mayoría. Entre los grandes temas que se vienen para la Corte figura el tarifazo, con un pedido de per saltum del Ministerio de Energía para revertir las cautelares contra los aumentos de gas y luz; pronto recibirá la discusión sobre qué juez debe investigar la muerte de Alberto Nisman; tiene un expediente para resolver si se puede ser juez después de los 75; llegarán tarde o temprano las causas de corrupción con las que los jueces federales intentan minar al kirchnerismo, alentados por los consejos de Lorenzetti; y sigue irresuelto, entre otros, un reclamo colectivo de ajuste para los jubilados (la cuestión jubilatoria no se resuelve con la nueva ley, al contrario, aumentaría la litigiosidad). A todo esto se suma que, en un gesto sorpresivo, la Corte convocó a una discusión para que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias.

Rosenkrantz y Rosatti no son hombres de carrera judicial ni sus postulaciones surgieron del Ministerio de Justicia. Incluso el titular de la cartera, Germán Garavano, fue crítico de la designación en comisión, finalmente atenuada por la aprobación en el Senado. Lo más probable, según informan en el Gobierno, es que asuman dentro de un mes o después de la feria judicial. Macri tiene que firmar el decreto que selle su designación y Lorenzetti debe tomarles juramento (de hecho, se había negado a hacerlo si no pasaban por la aprobación parlamentaria). Todavía no está claro si ambos, uno o ninguno disputarán el liderazgo al presidente. Lo que trascendió, por ejemplo, es que discreparían con la relación que entabló Lorenzetti con los jueces del fuero federal (los que investigan corrupción, narcotráfico, derechos humanos), a quienes les baja línea con el concepto de que “deben actuar” y no dejar nada “impune”. Los jueces nuevos intentarían acotar esa relación y, para beneplácito de Garavano, respaldarían el traspaso de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires.

Ellos

Rosenkrantz viene de una familia radical, aunque no es un militante. Es rector de la Universidad de San Andrés y, uno de los datos que se hizo más conocido en la etapa de impugnaciones públicas, es que su estudio representó al Grupo Clarín en el expediente y las audiencias por la ley de medios. En el contexto de la puja antimonopólica, fundó la Asociación de Defensa de la Competencia para presentar un amparo que frenara la caducidad de la licencia de Fibertel. También es conocida su frondosa cartera de clientes del mundo empresario, entre quienes ellos YPF, América TV, La Nación, el Predio Rural Ferial de Palermo, Carbap, Quilmes, IRSA, McDonald’s. Su postulación fue fruto de la insistencia del abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, muy cercano a Macri, y autor de un libro en defensa de la concentración de Clarín. Rodríguez Simón, señalan en el propio Ejecutivo, fue el ideólogo de media de shock para completar la Corte en los inicios de la gestión de Macri, fruto de reclamos de empresarios, y del mismo Grupo Clarín. Durante la sesión donde se debatieron los pliegos, Miguel Pichetto defendió a Rosenkrantz, alegando que representó a la Comunidad Homosexual Argentina.

Rosatti viene del peronismo y es posible imaginarlo cerca de Juan Carlos Maqueda dentro de la Corte. Gabriela Michetti lo convocó a reunirse en su casa para ofrecerle el cargo en comisión. Un problema era la contradicción que eso implicaba con su propio tratado de Derecho Constitucional, que cuestionaba esas designaciones. Dijo que sí, de todos modos, porque razonó que cuando lo escribió estaba pensando en los jueces de primera instancia. Fue procurador del Tesoro y ministro de Justicia en el gobierno de Néstor Kirchner. Antes, intendente de Santa Fe y convencional constituyente, pero una de las grandes impulsoras de hacerle un lugar en la Corte es Elisa Carrió. Es hincha de Boca fanático y escribe cuentos.

Algunas de las razones jurídicas por las que el Gobierno los eligió se entreven en algunas de las impugnaciones que presentaron contra ambos los organismos de derechos humanos y organizaciones del ámbito del derecho, que serían determinantes en el contexto de crisis, tarifazos y despidos en los ámbitos públicos y privado. Rosenkrantz, por ejemplo, es contrario a la resolución judicial de planteos sobre derechos económicos y sociales (salud, vivienda, educación), porque parte de que los tribunales no están preparados para eso, y cuestiona la protesta social, que en gran cantidad de casos considera delito. Rosatti tiene una visión restrictiva del derecho a huelga, que ubica en cabeza de los sindicatos, como el fallo de la Corte de la semana pasada.

Ambos –aunque Rosatti buscó relativizarlo en la audiencia pública– ponen en duda el carácter vinculante de precedentes de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es un dato menor porque la instancia internacional se ha vuelto último reducto para reclamar justicia en casos recientes, como la detención de Milagro Sala e incluso la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Rosenkrantz ha sido crítico de la aplicación del derecho internacional en los casos donde la propia Corte declaró la inconstitucionalidad de las Leyes de Punto Final y Obediencia debida, así como los indultos, y que permitieron la reapertura de los juicios de lesa humanidad. Los tribunales empiezan a dar algunas alarmantes señales regresivas en este tema, como mostró la semana pasada un fallo de la Cámara de Casación que dejó en libertad a tres represores por la masacre de la Capilla del Rosario, que consideró que no eran delitos de lesa humanidad por ser previos al golpe de Estado 1976 y despreció los testimonios de las víctimas.

Agenda

Ahora la Corte tendrá los cinco miembros que la ley prevé para que esté completa. Esa norma fue aprobada a fines de 2006, cuando el kirchnerismo prefería evitar cuestionamientos por seguir nombrando jueces supremos y quedarse con los cuatro que eligió. La ampliación hoy es una posibilidad que ya se discute entre legisladores: hay reclamos por la representación de mujeres, ya que sólo quedó Elena Highton de Nolasco y por sumar especialidades (no hay más penalistas).

El desembarco de dos jueces ayudará a descomprimir y agilizar las más de 14 mil causas que tramitan en el tribunal, pero además es cantado que repercutirá en la dinámica interna, hoy dominada por los lineamientos y la agenda que traza Lorenzetti, para lo cual ha demostrado gran habilidad por acomodar temas al contexto y la relación con el poder político.

Un interrogante que se abre, es si los nuevos supremos reconocerán su mandato presidencial hasta 2019, conseguido el año pasado de manera anticipada con el controvertido voto de Carlos Fayt, quien figuraba en la acordada de elección de autoridades como si hubiera estado presente en la reunión plenaria, pero firmó en su casa. Existen antecedentes de revocatoria de mandatos de presidentes supremos.

No es un tema que al menos hasta ahora se haya insinuado.

El tarifazo en los servicios públicos a través de los planteos vinculados con medidas cautelares en las provincias es uno de los grandes asuntos que la Corte deberá afrontar. ¿Son revisables judicialmente las tarifas? ¿Y su disparidad? ¿Son consideradas impuestos? Son algunos de los interrogantes que los supremos deberán despejar. Aunque también es cierto que pueden adoptar una decisión sin decir nada si, por caso, rechazan un recurso. Por lo pronto, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, le pidió a la Corte que intervenga salteando instancias para revertir las medidas cautelares que impiden aplicar las subas del gas, luz, agua. Hay chances todavía de que el per saltum sea resuelto antes de que a Rosenkrantz y Rosatti presenten juramento. De todos modos, suponiendo que no prospere, el tema es candidato a volver. Todo indica también que llegarán expedientes por el aluvión de despidos en todos los ámbitos.

Uno de los casos que la Corte se guardó por mucho tiempo, como herramienta de presión igual que hizo con el de la coparticipación, es un reclamo colectivo de ajuste de haberes jubilatorios de acuerdo al índice salarial, como definió el fallo “Badaro”, sin necesidad de haber hecho una demanda judicial. La presentación fue del defensor del Pueblo y tiene más de siete años. La Corte de tres miembros –lleva seis meses funcionando así– debatió el tema pero no consiguió la unanimidad que hoy necesita. Los especialistas en temas previsionales prevén, además, que la nueva ley para saldar deudas con los jubilados generará más litigiosidad entre quienes no acuerden ni estén conformes con los montos que ofrezca el Gobierno.

El caso de la muerte de Nisman llegará pronto a la Corte, ya que las querellas de su ex esposa, Sandra Arroyo Salgado, y su madre, Sara Garfunkel, apelarían la decisión de la Cámara de Casación porteña de que la investigación vuelva a la justicia ordinaria y no siga la justicia federal. Ellas quieren que intervenga un juez federal. Pero Casación afirmó que no hay elementos que permitan suponer que a Nisman lo mataron.

La edad jubilatoria de los jueces, que la Constitución fija en 75 años con posibilidad de que el Senado renueve el acuerdo de ahí en más cada cinco años, será tema otra vez en la Corte. En 1999 el tribunal falló a favor de Carlos Fayt, y declaró inconstitucional la Constitución para su caso. Fayt se fue, después de que se lo imploraran, a los 97 años. El tribunal tiene un planteo del camarista platense Leopoldo Schiffrin.

Lorenzetti sigue alimentado su discurso “anticorrupción” y anunció tiempo atrás una base de datos sobre estos casos. Es un ítem que no sólo es molesto para los funcionarios del gobierno anterior sino intimidante para el actual. Un rumor que circuló en estos días dice que Rosenkrantz podría llevar como secretario letrado de su equipo a Federico Morgenstern, autor de un libro que trajo controversias, sobre la “cosa juzgada írrita”, que implica la posibilidad de reabrir causas cerradas por supuestas maniobras fraudulentas o presiones.

De manera sorpresiva, la semana pasada Lorenzetti introdujo un tema largamente postergado: convocó a un debate sobre el pago de Impuesto a las Ganancias, tributo del cual están eximidos los jueces y todo el Poder Judicial en virtud de una decisión de la Corte de la mayoría automática. El supremo puso fecha para una reunión el 22 de junio con fiscales, defensores, funcionarios y empleados para analizar el tema y debatirlo. También invitó al titular de la AFIP, Alberto Abad, a que participe. La idea de Lorenzetti es establecer algún sistema en que se pueda detraer progresivamente el impuesto y espera que parta del ente recaudador. El gremio de los judiciales (UEJN) ya hizo circular una nota de rechazo absoluto al pago del impuesto con el argumento de que “el salario no es ganancia”. En 2006 la Corte, integrada por conjueces y Carmen Argibay, ratificó la exención invocando la intangibilidad salarial. Hubo dos votos en disidencia. Uno fue de Rosatti, quien dijo que si los jueces no pagan, se viola la igualdad ante la ley.