Los haberes jubilatorios perdieron una quinta parte de su poder adquisitivo desde septiembre. Esa reducción se explica porque el aumento del 15,3 por ciento que otorgó el Gobierno en marzo quedó por atrás del 35,8 por ciento de inflación acumulada. Esa diferencia en contra de los haberes se profundizará hasta septiembre, cuando se gatille el nuevo aumento. El incremento jubilatorio de marzo también quedó 4,2 puntos atrás de la inflación del período septiembre 2015-marzo 2016. No sólo perdieron los jubilados sino la mayor parte de los trabajadores porque la suba de precios superó a los aumentos salariales.

Mientras el Gobierno de Mauricio Macri se apresta a poner en marcha su plan de “reparación histórica” para los jubilados una vez que el Senado vote la ley ómnibus previsional y de blanqueo de capitales, los números muestran que hasta ahora hubo un deterioro de los ingresos de los trabajadores pasivos medidos en términos reales, es decir, a partir de la comparación entre el aumento nominal y la inflación. La actualización de haberes que busca realizar el Gobierno teniendo en cuenta los fallos judiciales en contra de la Anses impactará, según distintos especialistas, en unos 700 mil jubilados (menos de un 10 por ciento del total), aunque la versión oficial asegura que serán más de 2,2 millones, un tercio del universo global. De cualquier manera, la mayoría de los jubilados continuará recibiendo el haber reducido por la inflación. Recién en septiembre está prevista una nueva suba general de las jubilaciones, aunque la evolución de la recaudación y de los salarios (que componen la fórmula de movilidad jubilatoria) permiten proyectar un incremento de haberes que no llegará a compensar la pérdida que se dio hasta ahora.

El haber jubilatorio mínimo estaba en septiembre del año pasado en 4299 pesos y pasó en marzo a 4959 pesos luego del aumento del 15,3 por ciento anunciado por el Gobierno. En el mismo período, según los datos del IPC-Congreso, la inflación acumulada fue del 19,2 por ciento. En septiembre el avance de precios fue de 1,92 por ciento; en octubre, 1,52; en noviembre, 2,2; en diciembre, 3,8; enero, 3,6 y en febrero el avance de precios fue del 4,8 por ciento. La ley 26.417 de movilidad jubilatoria sancionada en 2009 establece dos aumentos por año de todas las prestaciones del sistema previsional. La fórmula toma la variación de los recursos tributarios que se derivan al sistema previsional y el índice general de salarios del Indec o el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables) de la Secretaría de Seguridad Social. En marzo se define el aumento en función del movimiento de las variables durante el semestre julio-diciembre del año anterior, mientras que en septiembre rige el aumento que se desprende de los números verificados en el semestre enero-junio de ese mismo año.

Es decir que el aumento del 15,3 por ciento que estableció la ley de movilidad se explica por el aumento recaudatorio y salarial durante la segunda parte de 2015, antes de la aceleración inflacionaria desde noviembre que se intensificó este año. Si se incorpora la inflación de marzo del 3,2 por ciento según el IPC-Congreso; de abril del 6,7 y de mayo del 3,5 por ciento, la suba de precios acumulada desde septiembre llega al 35,8 por ciento, más de 20 puntos arriba del aumento jubilatorio del 15,3 por ciento. Es decir que desde ese momento los jubilados perdieron un quinto de su poder adquisitivo.

La situación para los jubilados es en realidad peor porque su canasta de consumo aumentó por encima del promedio, no sólo por el incremento tarifario en luz, agua y gas, que suele pesar mucho en el presupuesto de los adultos mayores, sino por el “escándalo” de los medicamentos. Los propios diputados nacionales de Cambiemos denunciaron recientemente ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que entre noviembre y mayo “el promedio de aumento en los principales medicamentos es escandaloso, superior al 36,5 por ciento, con algunos picos que superan el 50 por ciento”. Además del aumento por ley, el Gobierno hasta ahora incorporó un bono de 400 pesos por única vez para jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. La devolución del IVA en los alimentos podría regir en julio pero con un tope de 300 pesos. Esos valores atenúan pero no modifican la pérdida del poder adquisitivo.

En septiembre está previsto el segundo aumento del año de las jubilaciones, en función del avance de la recaudación y de los salarios en el primer semestre. Los ingresos de la AFIP por cobro de impuestos crecieron en los primeros cinco meses del año un 27,7 por ciento, contra una inflación del período del 43,6 por ciento. Las estadísticas de salarios permanecen todavía bajo el apagón del Indec. Según el Estudio Bein, la baja del poder adquisitivo del salario sería del 6 por ciento este año. En suma, el aumento de haberes de septiembre no llegaría a compensar el combo de inflación del período marzo-septiembre 2016 y la pérdida de poder de compra durante septiembre 2015-marzo 2016.