La titular del organismo, Laura Alonso, se vio obligada a reconocer que la situación de Aranguren es delicada por el conflicto de intereses que supone su rol como ministro de Energía y accionista de Shell.

Con la incorporación de decenas de gerentes de empresas privadas al gobierno nacional, se multiplicaron las denuncias por supuestos conflictos de intereses. La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, reconoció ayer que esa oficina está analizando veintidós casos y al ser consultada por la situación del ministro de Energía, Juan José Aranguren, se vio forzada a reconocer que es uno de los expedientes más delicados. “El caso del ministro Aranguren es el más complicado que tiene en estos momentos la Oficina Anticorrupción porque no es ni tan blanco ni tan negro”, aseguró la militante del PRO.

En su última declaración jurada, el ministro de Energía consignó la tenencia de acciones de Royal Dutch Shell por 16.326.051,67 pesos. El dato encendió las alarmas porque Aranguren debe regular a la filial argentina de la empresa en la que es accionista. De hecho, su cartera toma cotidianamente decisiones que influyen en los resultados que obtiene Shell en el país.

Los diputados del Frente para la Victoria, Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, presentaron el 6 de mayo una denuncia en la Justicia en la que aseguran que Aranguren estaría incurriendo en las incompatibilidades previstas en la ley de Etica Pública 25.188. Esa norma establece en el artículo 15 que quien se encuentre alcanzado por alguna incompatibilidad debe renunciar a su cargo o abstenerse de tomar intervención “en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o tenga participación societaria”.

La denuncia detalla una serie de hechos que demuestran el supuesto conflicto de intereses. El primero es la decisión de aumentar las tarifas de gas, incrementando el valor de lo pagado a los productores, entre los cuales está Shell. Además, se remarca que Aranguren cerró a través de la estatal Enarsa un contrato de compra de gas a Chile con un precio de de 6,90 dólares por millón de BTU, que resulta un 53 por ciento más caro que el gas natural licuado que llega por barcos a un promedio de 4,50 dólares por millón de BTU y un 128 por ciento más elevado que los 3,02 dólares por millón de BTU abonado por las importaciones provenientes de Bolivia. Por último, se afirma que Aranguren también le adjudicó a la petrolera Shell siete de las primeras ocho licitaciones que se pusieron en juego para la importación de gasoil por barcos al país.

El fiscal federal Carlos Stornelli ya imputó a Aranguren por esa denuncia y le requirió al juez Luis Rodríguez abrir una investigación. Incluso el pasado miércoles 8 de junio se realizaron una serie de allanamientos para buscar información en el Ministerio de Energía y en YPF porque el proceso licitatorio de los ocho barcos con gasoil lo realizó la petrolera argentina por cuenta y orden de Cammesa.

Debido a esa investigación y a los cuestionamientos que recibió el ministro por el modo en que se aplicó el tarifazo de luz y gas, el presidente Mauricio Macri se vio forzado a ratificar a Aranguren. “Si hubiésemos tenido en estos diez años un ministro como él, con su capacidad y honestidad, no tendríamos hoy lo problemas que tenemos de energía”, aseguró a comienzos de junio. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se expresó en sintonía al decir que Aranguren “es un ministro de lujo”. Además, sostuvo que sus acciones en Shell no constituyen un conflicto de intereses. “La ley es muy clara, no hay incompatibilidad, estamos hablando de acciones que no tienen que ver con Shell Argentina, es de Shell internacional, que son ínfimas respecto a la empresa y donde él como ministro no tiene ninguna vinculación con Shell internacional ni ninguna decisión de él tiene ningún impacto sobre eso”, sostuvo Peña, como si Shell y Royal Dutch Shell no tuvieran ningún tipo de relación.

Al ser consultada sobre el tema, Laura Alonso fue un poco más cautelosa. “La tenencia accionaria no es un conflicto de interés. El presidente, por ejemplo, tiene acciones en distintas compañías y otros funcionarios también tienen acciones. El caso de Aranguren se está estudiando en particular porque posee una cantidad de acciones de la compañía Shell, que es una petrolera, y recibió esas acciones cuando se retiró de la compañía. Como es ministro de Energía y Shell está bajo la órbita del Ministerio de Energía se está estudiando si algunas de esas decisiones de Aranguren podría beneficiar a Shell y beneficiar indirectamente al funcionario”, sostuvo la titular de la OA. “El volumen accionario que posee el ingeniero Aranguren, es minimísimo”, agregó Alonso, dejando en claro que no están pensando en obligar al funcionario a que se desprenda de ese capital.

–Pero son 16 millones de pesos –le retrucaron durante la entrevista radial.

–Pero son acciones de la compañía internacional, no de la filial. No estoy diciendo que tenga o no tenga conflicto de interés porque el equipo está analizando el expediente, incluso está analizando algunos contratos que firmó Cammesa con la compañía. Hay que dejar a la Oficina hacer su trabajo y yo creo que en unas pocas semanas va a estar el resultado final.

Alonso reconoció que el caso de Aranguren es el más complicado, sobre un total de veintidós expedientes que se abrieron para analizar supuestos conflictos de intereses. “Lo que hace la OA después de evaluar cada uno de los casos y hacer una requisitoria de información es recomendarle al funcionario que se abstenga de realizar determinadas cuestiones o que se deshaga de determinados compromisos laborales que pueda tener en su vida anterior y si no lo hace un juez después podría condenarlo por mal desempeño de funcionario o abuso de autoridad”, sostuvo. En el caso puntual de Aranguren, aseguró que “nosotros esperamos en las próximas semanas tener una recomendación preventiva para el ingeniero Aranguren para que cualquiera sea su actuación él evite a través de una delegación de decisión y firma caer en un conflicto de interés”.

Aranguren dejó trascender que cuando haya que tomar decisiones y firmar acuerdos que afecten al conjunto de las petroleras, lo hará sin restricciones, pero cuando haya un caso “particular” que involucre a Shell, delegará la responsabilidad en el subsecretario de hidrocarburos, José Luis Sureda, o algún otro subordinado. La Oficina Anticorrupción va camino a avalar esa estrategia, pero la distinción que plantea el ministro es tan discutible, que están viendo la mejor manera de justificar lo que parece injustificable.