Tras casi cuatro horas de debate, la Organización de Estados Americanos concluyó sin una decisión sobre la aplicación al país suramericano de la Carta Democrática, un mecanismo que faculta a la OEA a tomar medidas en casos de alteración del orden institucional en un país miembro.

En medio de una grave situación económica -el país registra la inflación más alta del mundo- el secretario general de la OEA, Luis Almagro, insistió en la necesidad de ayudar a Venezuela "volver" a la democracia y apoyar la realización de un referendo revocatorio, impulsado por la oposición, contra el presidente Nicolás Maduro.

"El Consejo Permanente debe mantenerse del lado correcto de la historia y defender a un pueblo que necesita voz", dijo Almagro ante el pleno de embajadores de los 34 países de la OEA, en Washington. Los países deben "apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su solicitud de un referendo revocatorio", añadió.

A pesar de que la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, denunció "un golpe de Estado de Almagro a la organización y a Venezuela" y acusó al titular del organismo de ser "parte y juez", y a pesar de haber sido apoyada por doce Estados miembros, encabezados por Bolivia y Nicaragua, otra veintena de países, entre ellos Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Panamá, Paraguay, votaron a favor de escuchar el informe de Almagro, principal impulsor del voto de censura que implica la aplicación de la Carta Democrática.

"Hemos sentado un precedente terrible", advirtió la canciller Rodríguez antes de pedir la renuncia del titular del organismo, el exministro de Relaciones Exteriores de Uruguay. Sin embargo, ella misma reconoció que Almagro desestimaría la solicitud porque "no tiene principios morales ni éticos".

La sesión extraordinaria de la OEA, la segunda de la semana luego de que el expresidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, exhortara a los países del continente a apoyar una mediación entre gobierno y oposición en Venezuela, terminó sin votación ni la convocatoria a otro debate, que debería ser solicitado por uno de sus miembros o por el propio Almagro.

La canciller venezolana había abierto la sesión pidiendo que se cancelara por considerarla "un golpe de Estado de Almagro", ante lo cual el presidente del Consejo Permanente del organismo sometió a votación si la reunión debía seguir. Hubo 20 votos a favor de mantener la reunión, 12 en contra y 2 abstenciones.

Votaron a favor de que se celebrara la sesión Uruguay, Surinam, Paraguay, Perú, Panamá, México, Jamaica, Honduras, Guyana, Guatemala, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Canadá, Chile, Brasil, Belice, Barbados, Bahamas y Argentina.

En contra lo hicieron San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, República Dominicana, Nicaragua, Haití, Granada, El Salvador, Ecuador, Dominica, Bolivia, Venezuela, y Antigua y Barbuda. Se abstuvieron Trinidad y Tobago y Santa Lucía.

Así, Almagro pudo presentar los puntos clave del crítico informe de 132 páginas con el que el pasado 31 de mayo dio el paso sin precedentes de invocar el artículo 20 de la Carta Democrática, que lo autoriza a él o a un Estado miembro a convocar un Consejo Permanente extraordinario cuando considere que existe en un país "una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático".