La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, no realizó las maniobras contables que fueron uno de los fundamentos para la apertura de un juicio político en su contra, según concluyeron técnicos del Senado en un informe divulgado hoy.

"De acuerdo con el análisis de los datos, los documentos y las informaciones relativas al Plan Safra, no fue identificado ningún acto intencional por parte de la Presidenta de la República que haya contribuido directa o inmediatamente para que ocurrieran atrasos en los pagos", señala el documento.

El texto hace referencia a la acusación de que el Gobierno de Rousseff transfirió con atraso, a bancos públicos, recursos destinados a beneficiarios del Plan Safra, un programa estatal de subvención a productores agrícolas. El atraso del envío de fondos a los bancos, que cumplieron en tiempo y forma con los beneficiarios del programa, constituye una especie de préstamo de las instituciones financieras al Gobierno, lo que viola la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Según los peritos, si bien no hubo dolo por parte de Rousseff, la demora en la transferencia de fondos a los bancos viola esa ley. "Los atrasos en los pagos adeudados al Banco do Brasil constituyen una operación de crédito que tiene a la Unión (Gobierno central) como deudora, lo que viola lo dispuesto en el artículo 36 de la LRF (Ley de Responsabilidad Fiscal)", señala el documento, divulgado parcialmente por el portal del diario "Folha de Sao Paulo".

Respecto al segundo delito que se le imputa a Rousseff, que también dio base para la apertura del juicio político, el peritaje ratifica parcialmente lo expuesto por la acusación. Se trata de la apertura de líneas de crédito suplementarias, que Rousseff autorizó por decreto, sin pedir autorización al Congreso, lo que también puede configurar delito de responsabilidad.

Esta semana, defensa y acusación presentan sus descargos y testimonios ante la comisión. Se estima que la votación final del plenario el Senado, que deberá decidir si Rousseff es absuelta o condenada, se realizará después del 22 de agosto. Se precisan 54 votos, en un total de 81, para que resulte destituida.