El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, será investigado por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de dos hallazgos derivados de los Panamá Papers que lo comprometen: el poder legal que obtuvo en 2010, cuando era ministro de Hacienda porteño y hombre de confianza de Mauricio Macri, para manejar la empresa Mercier Internacional SA, radicada en Panamá y de dueños desconocidos, y otro con el cual habría operado una cuenta en el banco Clariden Leu Limited en Suiza. El fiscal federal Patricio Evers lo imputó ayer y le pidió a la jueza María Servini de Cubría que libre exhortos para cotejar los datos sobre su vinculación con la firma en cuestión y la cuenta. Esta causa judicial es un desprendimiento de la que tiene bajo la lupa al Presidente por la identificación de dos sociedades offshore que integra (Fleg Trading y Kagemusha). A pesar de que los expedientes fueron escindidos, no sería extraño que en algún punto se crucen las investigaciones ya que la conexión entre el intendente y el mandatario ha sido muy estrecha. Eso se refleja no sólo en la función pública, sino en la participación compartida en sociedades del Grupo Macri y el préstamo de 440 mil pesos que Macri declaró haberle hecho a Grindetti.

Evers también pidió las declaraciones patrimoniales que debió presentar el intendente de Lanús desde 2007 hasta la actualidad en la AFIP y ante las administraciones donde trabajó (el gobierno porteño y ahora la provincia de Buenos Aires), como para verificar si declaró su participación en Mercier y sus operaciones en la cuenta suiza y corroborar sus movimientos. El fiscal sostuvo en su dictamen que es posible “el señor Grindetti en ese entonces pero también a la fecha en ejercicio de funciones públicas sin justificación hubiera visto incrementado su patrimonio en forma apreciable, lo cual por lo demás no habría sido plasmado en distintas declaraciones juradas”.

Una escritura pública con fecha del 2 de julio de 2010 mostró -a raíz de la investigación del consorcio internacional de periodistas– que el estudio Mossack Fonseca de Panamá, creador de empresas offshore, le dio un poder a Grindetti para operar las sociedades y que luego recibió otro para manejar la cuenta en el Clariden Leu. Cuando recién salió a la luz la información, el intendente macrista admitió que le habían delegado el manejo de la empresa, que eso fue entre 2010 y 2013, pero aseguró que “nunca se registraron movimientos económicos”. Desconoció, en cambio, la cuenta bancaria en el exterior. Los exhortos que el fiscal le pide a la jueza Servini de Cubría están destinados a verificar esa información y obtener datos adicionales. Quiere que Suiza informe sobre el titular de la cuenta, sus apoderados, movimientos y quién la operó. Panamá debería proporcionar información “tanto de su participación accionaria como de quienes ostenten los cargos de directivos de la entidad”.

La denuncia que dio origen a esta causa la hizo el fiscal Martín Niklison en la Justicia ordinaria y luego fue enviada al fuero federal. Está basada en información publicada por Página/12 y el diario La Nación. La causa tiene poco material hasta ahora, y la mayor parte son aportes de periodistas.

Este diario señaló la contemporaneidad con la emisión de los llamados bonos Tango serie 8, una colocación de deuda que se hizo entre marzo y abril de 2010, rodeada de sospechas. Por entonces, el gobierno porteño de Macri justificó la emisión de los títulos en que necesitaba financiar las obras de extensión de las líneas de subte A, B y H. Se agenció 475 millones de dólares para eso, pero la mitad de las obras no habían sido licitadas y el dinero fue a parar a otros destinos. Los agentes financieros fueron el Credit Suisse y KBR Corporate Finance, una firma sin mayor trayectoria en la materia. La administración PRO los contrató de manera directa y a cambio de la colocación de los títulos a una tasa del 12,5 por ciento les pagó el equivalente al 2 por ciento de la operación. La pérdida para la ciudad fue estimada en 30 millones de pesos. El diario La Nación, por su lado, había sugerido que el propósito de Mercier eran inversiones inmobiliarias en Uruguay y/o Suiza.

Hasta Elisa Carrió (Cambiemos) trató a Grindetti públicamente de “corrupto” y Margarita Stolbizer (GEN) recordó las comisiones siderales y las pérdidas por el subterráneo. Leonardo Santoro hizo una denuncia ante la Procuraduría antilavado (Procelac) donde asociaba los bonos Tango 8 con una posible maniobra de lavado de dinero y de financiamiento de la campaña del PRO en 2013.

La Procelac entregó todo el material que tenía en sus manos al jugado de Casanello. También hizo varias presentaciones el diputado del Frente Para la Victoria Darío Martínez, que apuntó presuntos negocios con Macri: observó una combinación de relación laboral y política donde el hecho de que Grindetti figure como deudor del Presidente en 400 mil pesos sería sintomático, igual el hecho de que ambos fueron directivos de Socma, cuyos balances y movimientos están bajo análisis del fiscal Federico Delgado y el juez Casanello.

Grindetti trabajó desde 1980 hasta 2001 en Sideco, junto a Macri, según cuenta Gabriela Cerruti en su libro El Pibe. Pasó por varias otras empresas del grupo familiar: Creaurban, Iecsa, Manliba Autopistas del sol y Urugua-í .

Habrá que ver si el hecho de que se investigue a ambos funcionarios en forma separada ayuda a esclarecer o licúa los nexos al ceñir los expedientes a investigaciones sobre el volumen patrimonial y si los personajes investigados pueden o no justificarlo. Siempre hay otros delitos que dan origen al enriquecimiento. Pareciera que hay mucha información disponible pero diseminada en varios juzgados