La Cámara de Senadores sancionó por 56 votos a favor y 11 en contra el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que contempla el pago de deudas previsionales a jubilados y pensionados que iniciaron juicios en reclamo de reajuste de haberes y el blanqueo de capitales, entre otras cuestiones. La iniciativa, que ya contaba con la sanción de la Cámara de Diputados, comenzó a ser debatida pasado el mediodía.

En el primer tramo de la sesión, el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el peronista pampeano Daniel Lovera, defendió la iniciativa al argumentar que se trata de “una reparación para jubilados” y que se instrumentará el "blanqueo de capitales para hacer frente a esa tarea”. En lo que respecta al interés de su provincia, Lovera destacó la “restitución” del 15 por ciento de coparticipación a las provincias que se le retuvo a partir de la década del 90 y que prosiguió durante los últimos años hasta que la Corte Suprema de Justicia falló a favor de los reclamos realizados por Santa Fe, Córdoba y San Luis.

El radical santacruceño Alfredo Martínez, en tanto, celebró que “fue auspiciosa la reforma incluida en Diputados para sacar del blanqueo a los familiares directos de los funcionarios nacionales”.

A su turno, la peronista disidente Liliana Negre de Alonso destacó que “hay una deuda pendiente y una violación a los derechos humanos” en referencia a la deuda con los jubilados, al tiempo que adelantó que votará el blanqueo de capitales “porque tiene una asignación específica, abonar esta reparación”.

El salteño Rodolfo Urtubey, del Frente para la Victoria, respaldó el proyecto del gobierno indicando que “un programa de pagos para jubilados es mejor que el status quo actual”. Asimismo, defendió la decisión de pagar las deudas previsionales con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad al recordar que “los peronistas echamos mano al ANSES para financiar programas como PROCREAR”.

Por último, la ultrakirchnerista María Labado fustigó duramente al proyecto y denunció que “el blanqueo no garantiza el financiamiento” del pago de las deudas a los jubilados. Además, indicó que el Senado debería estar debatiendo “la Ley del 82 por ciento móvil”.

El proyecto de ley ómnibus contempla el pago de las deudas por haberes mal liquidados a jubilados y pensionados, que se financiará en parte gracias a reformas introducidas al Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y por los ingresos fiscales que surjan del blanqueo de capitales.

La propuesta promueve la declaración de la emergencia previsional que permitirá al Ejecutivo firmar acuerdos con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron por mala liquidación de sus haberes, que serán financiados con los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales.

No tributarán nada quienes blanqueen hasta 305.000 pesos. Pagarán un arancel del 5 por ciento quienes blanqueen la compra de inmuebles y capitales hasta 800.000 pesos y del 10 por ciento los montos mayores, porcentaje que se eleva al 15 desde el próximo año.

Además se prevé la creación de la pensión a la vejez para mayores de 65 años, que se pagará con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entre otros puntos, el proyecto establece que el programa de reparación para jubilados y pensionados sea optativo, apuntando a un tercio de los jubilados (casi dos millones y medio). Podrán participar aquellos que tienen una sentencia firme favorable en juicios contra el Estado por haberes mal calculados, quienes iniciaron juicios pero aún no obtuvieron fallo y quienes no hicieron juicio, pero se les reconocen haberes mal calculados.

Aquellos con sentencia firme que opten por este programa cobrarán el 50 por ciento de la deuda en el primer mes y el resto en doce cuotas trimestrales. Además se habilita al Estado a vender las acciones de Anses en empresas privadas, aunque el 7 por ciento de la cartera debe permanecer en manos del Estado.

La propuesta obtuvo el respaldo de los gobernadores tras la firma del acuerdo para devolverles en cuotas el 15 por ciento de la coparticipación, que desde 1992 la Nación retenía para financiar el sistema previsional.

La ley exime a los trabajadores de la cuarta categoría que no están alcanzados por Bienes Personales del pago de Ganancias en el medio aguinaldo.