El gobierno de Cambiemos logró imponer un paquete de reformas impositivas y previsionales a través de un sólo instrumento, una ley ómnibus que logró el apoyo de dos bloques opositores con un mínimo sacrificio sobre el objetivo de máxima, el proyecto original. Los beneficios serán mucho más restringidos de lo que se promete, y los costos ocultos demasiado importantes. Sobran argumentos para sostener que la llamada “ley de reparación histórica previsional” puede herir de muerte al sistema de seguridad social.

A través de un solo proyecto, el poder ejecutivo logró hacer pasar por el Congreso un blanqueo de capitales, un régimen de regularización de deudas tributarias, la eliminación gravámenes a los activos de las personas de mayor patrimonio (Bienes Personales) y de las empresas que los poseen pero no los aplican a la actividad productiva (Ganancia Mínima Presunta), la privatización encubierta de participaciones accionarias en poder de Anses y la legitimación de los acuerdos firmados con los gobernadores para la restitución paulatina del 15 por ciento de la coparticipación que se le asignaba a Anses. Todo ello, bajo el paraguas de una reforma previsional que, con el argumento de pagar “una deuda histórica”, reformulará el cálculo de haberes y cancelación de juicios en beneficio de una minoría y poniendo en riesgo la sustentabilidad del sistema.

La mayoría de esas reformas no habrían logrado aprobación en el Congreso si llegaban por separado. La eliminación de impuestos sobre los activos es retrógrada. El blanqueo de capitales favorecerá a quienes fugaron u ocultaron sus activos líquidos, sin ni siquiera obligar a repatriarlos. A la luz de los nombres involucrados en los Panama Papers, hay quien la califica como “autoamnnistía”.

Lo más preocupante, sin embargo, es lo que hay oculto detrás de la reforma previsional. El sistema de cancelación de juicios promete el pago del 50 por ciento de la deuda a los beneficiarios con sentencia firme o en trámite (a éstos, con quita) al contado, que representará un desembolso de unos cien mil millones de pesos este año, según especialistas en economía fiscal. Los ajustes de haberes a quienes le asiste el derecho pero no hicieron demanda insumiría otros 85 mil millones anuales, según estimación del gobierno.

El dinero saldría de los rendimientos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y del blanqueo, lo que a todas luces no alcanza. Eso deja abierto dos caminos: el endeudamiento o la liquidación de activos del FGS. El Gobierno echará mano a ambos, debilitando el sistema. Y aún queda otro paso: la ley votada preserva la existencia de “un régimen público y de reparto”, pero no le da carácter único y exclusivo. El régimen mixto, con la opción por un sistema de capitalización, es el objeto del deseo que tentará a los aportantes más ricos, la “crema” del sistema previsional. Otra forma de vaciarlo a mediano plazo.