En el día de su jura como juez de la Corte Suprema, el santafesino Horacio Rosatti tuvo al menos dos gestos que lo diferencian de las costumbres y el repertorio que caracterizan en los últimos años al tribunal. El más fuerte, quizá, fue no haber invitado a la ceremonia a los jueces federales porteños, que van a todos los actos supremos. El otro fue haber hablado sin reprimirse de que para él es un “objetivo” a “concretar” que los jueces paguen impuesto a las ganancias, aunque sea “gradualmente”. Su posición es conocida, ya en fallos, pero ahora contrasta de cerca con la que expresaron en forma corporativa jueces, fiscales y defensores la semana pasada. También anticipó que el tribunal resolverá pronto los per saltum planteados por el Gobierno para habilitar el tarifazo en el gas allí donde hay jueces que lo paran.

Rosatti fue intendente de Santa Fe por el peronismo en los noventa, también fue convencional constituyente, procurador del Tesoro y luego ministro de Justicia del gobierno de Néstor Kirchner. Por su carrera política, algunos periodistas que ayer se le abalanzaron al final de la jura le preguntaron si, igual que el juez supremo Juan Carlos Maqueda, se considera un político devenido jurista y contestó con un enfático “no”. “Yo soy un académico que alguna vez estuvo en la gestión pública”, dijo.

Su renuncia a esa cartera, en 2005, quedó asociada a su negativa a encabezar una lista de candidatos a diputados en su provincia. En las últimas semanas, con el salto a la fama del ex secretario de Obras Públicas José López al tirar bolsas con casi nueve millones de pesos en un convento, también comenzó a circular otra pata de la historia: que Rosatti se negaba a firmar una licitación dudosa para la construcción de cárceles, donde intervenía el personaje en cuestión. En la rueda de prensa, también le preguntaron si eso era cierto. “Dije que no porque no me cerraban los precios”, afirmó. “Muchas veces unos tiene que plantarse y decir ‘no’ frente a algo que le parece que no es lo que corresponde”, dijo. Igual, aclaró, que la licitación no se concretó precisamente porque faltaba “una firma”.

“La conducta de los funcionarios –dijo el flamante juez de la Corte con un poco de aire docente– debe manifestarse no solamente en términos de lo que hacen sino también de lo que dicen y lo que dejan de hacer y el valor del ‘no’”.

El acto se hizo, como es habitual, en la sala de audiencias de la Corte Suprema, en el cuarto piso. Rosatti eligió jurar por “Dios y la patria”. A Lorenzetti, al recibirle el juramento, se lo veía sonriente. El flamante juez le tendió la mano, pero el presidente del máximo tribunal buscó un abrazo. Desde hace doce años que nadie nuevo se incorpora a la Corte. El próximo será Carlos Rosenkrantz, quien asumirá después de las vacaciones de invierno porque, según alega, tiene trabajos por terminar. Recién ahí la Corte estará completa, con cinco miembros. Ambos fueron los jueces elegidos por el presidente Mauricio Macri en la primera y más escandalosa decisión de su gobierno, ya que los nombró en comisión y por decreto. Luego, como la Corte no quería tomarles juramento, el oficialismo salió a juntar votos en el Senado, y consiguió una mayoría holgada.

La sala señorial, donde entran ciento ocho personas sentadas, no desbordaba como otras veces. Pero los invitados fueron sólo los que Rosatti eligió. Fue un acto poco pretencioso, sin la alfombra roja que a veces tienden en el recinto, donde estuvieron la vicepresidenta Gabriela Michetti; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el procurador del Tesoro, Carlos Balbín; la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; varios amigos de Rosatti, familiares, académicos y poquísimo jueces. No hubo jueces de primera instancia, sólo los presidentes de las cámaras de Casación, Alejandro Slokar y Horacio Días, y los camaristas electorales Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, entre otros.

El hecho de que no hubieran sido invitados los jueces federales fue minimizado por colaboradores de Rosatti (aunque fueron ausencias elocuentes comparadas con otros actos), quienes dijeron que “funciona con cabeza de provincia, no de porteño”. Cuando, ante los micrófonos, le pidieron que dijera algo sobre “la corrupción”, dijo que comparte “que la no impunidad es fundamental”, discurso habitual de Lorenzetti. “La justicia está en deuda con la sociedad”, definió. Sorprendió a los empleados de la Corte verlo moverse por los pasillos lo más tranquilo, algo que los otros jueces habitualmente no hacen, o lo hacen con custodia. Con esta actitud Rosatti caminó desde su despacho hasta la sala de audiencias, cruzando desde el ala que mira a la calle Uruguay hasta la que mira a Talcahuano. Su oficina es la que antes ocupaba Lorenzetti, quien se mudó a la que durante años ocupó Carlos Fayt, que mira a Plaza Lavalle. En las últimas semanas Rosatti ya estuvo yendo a reuniones en la Corte y armó su equipo con varios letrados de allí mismo y trajo de la Procuración General, además, a Soledad Castro, la secretaria del fallecido fiscal Alberto Nisman que estuvo en contacto con él casi hasta el final, y que incluso fue quien llevó a tribunales su denuncia contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

En las últimas semanas la Corte estuvo reacia a tratar los planteos de per saltum que hicieron el Estado Nacional y el Enargas para que revertir las medidas cautelares que impiden aplicar el aumento en las tarifas de gas. Es más, hubo una decisión de dilatar la resolución y dejar el tema en suspenso. Pero el ánimo de Rosatti parece apuntar a dar alguna resolución. Sobre el impuesto a las Ganancias, recordó que su postura histórica es que el Poder Judicial debe pagar, y que incluso lo dijo en fallo de la Corte que firmó como conjuez. La semana pasada Lorenzetti convocó a jueces, gremios, fiscales y defensores a una reunión donde, como era esperable, manifestaron que quieren seguir eximidos.