La reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal deberá esperar al menos un mes más. La reunión de comisiones en la que Cambiemos esperaba firmar dictamen se cayó ayer por “falta de consenso” en la Cámara de Diputados. El radical Diego Mestre, titular de la Comisión de Justicia, reveló que “no están dados los acuerdos suficientes” para avanzar con la iniciativa, que incorporó varias modificaciones al proyecto original presentado por el ministro Justicia, Germán Garavano. Fuentes de Cambiemos señalaron que el principal obstáculo fue la falta de tiempo para negociar con el Frente Renovador, aunque se mostraron confiados en que cerrarán las conversaciones luego del receso extraoficial del Congreso en julio. El punto central para el oficialismo es acortar el mandato de la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó, a quien buscó pero no logró remover por otros medios. En esa línea, ayer Elisa Carrió volvió a presentar su pedido de juicio político a la jefa de los fiscales.

La reunión conjunta de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda, que ya se había reprogramado para ayer por la tarde, volverá a citarse recién la primer semana de agosto. El macrismo intentó apurarse para aprobar el proyecto en Diputados antes del receso pero no le alcanzó. En una cumbre entre el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa y las espadas del sector “dialoguista” del PJ en el Senado, Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey, consiguieron incorporar varios cambios al ambicioso proyecto del Ejecutivo para correr de la escena a Gils Carbó.

El punto central del borrador sigue siendo el mismo: acotar el mandato del Procurador a cinco años, que ahora será prorrogable por otros cinco y con la necesidad de ratificar el acuerdo de los dos tercios del Senado. En caso de aprobarse, la discusión girará sobre si es constitucional aplicar esa nueva ley al mandato en curso, o si debe entrar en vigencia a partir del próximo titular del Ministerio Público Fiscal. Y aún en caso de que se le aplique a Gils Carbó, también hay dudas respecto de cuándo comenzarían a correr los cinco años, si al momento de la designación de la funcionaria o al momento de la sanción de la ley. Este tema seguramente provocará una judicialización de la norma, a menos que se encuentre alguna salida política antes.

Dos fuentes de Cambiemos ratificaron a Página/12 que sus intenciones son las de máxima: que la ley se aplique al mandato actual y que los cinco años se comiencen a contar desde 2012. “Casi todas las provincias tienen mandatos con límite temporal. Y no creo que sea inconstitucional que se le aplique al mandato actual”, señaló un diputado macrista involucrado en el mundo judicial.

En el camino quedó el intento por crear cuatro subprocuraciones, como pretendía Garavano para licuar el poder de la jefa de los fiscales. Este punto no despertaba mayor entusiasmo, ni siquiera entre los aliados de Cambiemos.

El peronismo en el Senado logró incorporar otras cuestiones que le otorgarán más poder. Por ejemplo, para la remoción del procurador será necesario el voto de los dos tercios de los senadores presentes, algo que desde el regreso de la democracia es imposible de alcanzar sin el aval de, al menos, un sector del PJ. La acusación para la remoción no deberá partir de la Cámara de Diputados, sino de un dictamen de la comisión bicameral de control del ministerio público, que el massismo ya tiene acordado con el macrismo: la presidencia será para Graciela Camaño. Fuentes parlamentarias señalaban que el Frente Renovador pretendía que se designara a Camaño antes de votarle la reforma al oficialismo por temor a que luego no se cumpliera el acuerdo. “Nosotros cumplimos nuestros compromisos”, aseguró un legislador nacional de la bancada oficialista.

Otro cambio que servirá a los intereses del macrismo es la incorporación de nuevas atribuciones al Consejo General del Ministerio Público Fiscal, que se le restarán a la Procuradora. De todas maneras, el peronismo logró meter allí un cambio, la incorporación de dos representantes de la Cámara alta y dos de la Cámara Baja.

Al igual que el Congreso, el tema entrará en un impasse hasta agosto. Mientras tanto, continuarán las conversaciones informales para avanzar sobre un actor molesto para el oficialismo en terreno judicial.