El Consejo de la Magistratura aprobó ayer por unanimidad una resolución que pondrá en marcha una auditoría a las cámaras federales penales de todo el país en las que tramiten causas por corrupción, con el objetivo de determinar las razones por las demoras en los expedientes que según algunos relevamientos registran atrasos de quince años. El cuerpo de auditores del consejo, presidido por Jorge Meydac, un hombre que responde al ex senador radical Ernesto Sanz, será el encargado de una tarea que implica la supervisión de centenares de tribunales en todo el país. El fin que abreva en un sentido común que reclama justicia se enmarca en la confesa intención del Poder Ejecutivo de conseguir vacantes en los juzgados federales para colocar a personajes de su confianza. Buscar razones para presionar la renuncia de magistrados que no les son afines o impulsar jurys de ejuiciamiento aparece como un objetivo subalterno de una decisión correcta en lo formal.

La propuesta fue realizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una de las organizaciones más reaccionarias del derecho, que supo sumar el apoyo de distintos sectores. El representante del Gobierno, Juan Bautista Mahiques, aseguró que “el Poder Ejecutivo no va interferir con la labor de la Justicia” pero advirtió que pedirán “el juicio político y la destitución de los jueces que se apartaron de la ley”. Aclaró la necesidad de que la auditoría se realice “con responsabilidad y mesura para que no sea una caza de brujas” y agregó: “Seremos los primeros en pedir el juicio político y la destitución de los jueces que se apartaron de la ley”.

El contexto político de la resolución del Consejo alimenta las sospechas de distintos actores del Poder Judicial máxime cuando el propio ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo que esperaban otros “gestos” en el mismo sentido de la renuncia del juez Norberto Oyarbide. “Da la sensación que en algún lugar del poder político-mediático se tomó la decisión de avanzar sobre sectores progresistas del fuero federal. Esto suena a una excursión de pesca para ver si encuentran algún motivo que satisfaga sus intereses políticos”, reflexionó un habitué de Comodro Py.

La ecuanimidad en la valoración del trabajo de los magistrados es la duda central del aparente objetivo relevamiento sobre denuncias, duración de las casuas, recursos interpuestos, definición de los procesos. “¿Van a auditar realmente el trabajo del juez Claudio Bonadio? o los tiempos de las no resoluciones del juez Julián Ercolini”, elucubró sin ingenuidad un abogado acostumbrado a litigar en el fuero federal. Los alcances de la auditoría sobre el entramado de prestigiosos estudios jurídicos que operan en los tribunales, el trajinar de servicios de inteligencia que los magistrados conocen, la defensa corporativa en las distintas instancias de apelación excederán el trabajo cuantitativo que se desprende de la resolución del Consejo que tampoco estipuló plazos para el trabajo.

La aprobación de la resolución se logró con el voto de los once consejeros presentes. Héctor Recalde y Victoria García, ambos del Frente para la Victoria, se retiraron minutos antes de la votación pero habían anticipado su apoyo en general a la iniciativa aunque marcando disidencias. García quiso saber si la investigación llegaría hasta el derrotero de las causas derivadas de los Panama Papers. Recalde hizo hincapié en las décadas de indefinición sobre la investigación de la apropiación de Papel Prensa.

“Asumimos nuestra responsabilidad institucional en el Consejo por eso voto afirmativamente estas auditorías”, dijo el presidente del cuerpo, Miguel Piedecasas.Si bien el proyecto inicial abarcaba solamente las causas penales por delitos de corrupción en la Ciudad de Buenos Aires, los consejeros propusieron ampliar el alcance de la auditoría a todo el país, entre 1996 y 2016.

La consejera por los jueces Gabriela Vázquez consideró que se debe incluir en esta auditoría la que ya se realizó, en su momento, sobre las causas por delitos de lesa humanidad que no se extendió a los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires.

El consejero Angel Rozas, representante de los senadores radicales, consideró que “la responsabilidad primaria” no está en el Consejo de la Magistratura sino en las Cámaras y en la Corte Suprema de Justicia.

El trabajo del cuerpo de auditores tendrá que sortear las fundadas suspicacias sobre la utilización política de una medida que parece ideada para disputar titulares en los medios.