Dilma Rousseff anunció por primera vez que el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva será candidato a la presidencia en la próxima disputa electoral. Además, se supo que la mandataria prepara, junto al Partido de los Trabajadores (PT), una carta dirigida al pueblo brasileño en un intento por recuperar la ofensiva contra el juicio político que se le sigue. La sesión final del Senado que definirá el destino de la mandataria se realizará entre el 25 y el 27 de agosto, poco después del cierre de los Juegos Olímpicos, señaló ayer el jefe de la Cámara alta.

En una entrevista con la revista francesa L’Express, Rousseff afirmó: “Esta es, ciertamente, la razón principal de este golpe de Estado: impedir a Lula disputar la elección presidencial; hoy, en las encuestas –a pesar de todas las tentativas de destruir su imagen– Lula continúa siendo la persona más querida, y puedo decirle que él va a disputar la próxima elección”, dijo Rousseff a la revista, pero no precisó si eso ocurrirá en el 2018 o antes.

Al hablar sobre el proceso de juicio político, Rousseff dijo que fue una profunda injusticia la manera en que fue apartada del poder y preguntó: “¿De qué estoy siendo acusada?”. Sostuvo, también, que su crimen fue haber publicado decretos para obtener recursos adicionales para financiar los programas sociales. “¡Eso no es un crimen! Y yo no soy el primer presidente en hacerlo”, protestó, y recordó que el socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso publicó 23 decretos similares durante su mandato, entre 1993 y 2001.

Rousseff también fue consultada sobre si no supo nada del esquema de corrupción en Petrobras, cuando fue ministra de Minas y Energía entre 2003 y 2005 y presidenta del Consejo de Administracion de la petrolera estatal entre 2003 y 2010. Dijo que uno de los delatores de la llamada operación Lava Jato reveló que el esquema ocurrió desde 1972 y que es muy difícil de controlar lo que pasa en todas las negociaciones.

La agencia Brasil 247 dio un anticipo de la carta al pueblo brasileño, a la que tuvo acceso la revista económica Valor, que reedita la que lanzó Lula en las elecciones de 2002. En el documento, Rousseff afirma que intentó reconciliar al país después de vencer en la más ajustada disputa presidencial desde la recuperación de la democracia, cuando asumió el programa de gobierno de la oposición y nombró al economista ortodoxo Joaquim Levy como ministro de Hacienda. Sostiene que fue saboteada por la derecha y por las “decisiones-bomba” del Congreso, por lo que promete, si fracasa el juicio político en su contra y regresa al cargo, que retomará el programa que presentó en la campaña electoral, cuyo abandono fue calificado de fraude por sus seguidores y simpatizantes.

La defensa de la presidenta brasileña reiteró ayer, ante una comisión del Senado que analiza la posibilidad de someterla a juicio político, los mismos alegatos rechazados por mayoría en la Cámara de Diputados. La comisión escuchó al abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, y los ministros de Hacienda, Nelson Barbosa, y Agricultura, Katia Abreu, que insistieron en la tesis de que no existe base legal para procesar a Rousseff. El abogado general del Estado reiteró que la nulidad de origen está en el hecho de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a quien la Constitución le reserva potestad de iniciar el proceso contra un mandatario, actuó por venganza al aceptar las denuncias.

El presidente del Senado, Renán Calheiros, puso fin a las especulaciones de que Rousseff podría escuchar la sentencia en su contra durante las Juegos Olímpicos de Río 2016, a disputarse entre el 5 y el 21 de agosto, cuando todas las miradas estarán puestas sobre el gigante latinoamericano. “A partir de hoy (por ayer) se discutirán las pericias técnicas, a continuación irán los alegatos finales con plazos para la acusación y para la defensa, luego votaremos la recomendación de la comisión de impeachment y vendrá el juicio, que deberá realizarse entre el 25 y el 27 de agosto’’, dijo en rueda de prensa Calheiros.

La jornada final del impeachment será conducida por el presidente de la Corte suprema, Ricardo Lewandowski, y marcará el cenit de una encarnizada disputa política que hundió al país en la incertidumbre al ritmo de una crisis económica sin antecedentes en su historia moderna.

El proceso fue abierto en diciembre de 2015, y luego de ser admitido por ambas cámaras del Congreso, pasó a fase de instrucción: recolección de pruebas y testimonios, pericias técnicas y diligencias que realiza una comisión creada especialmente en el Senado. Ese cuerpo legislativo elaboraró una recomendación que será sometida a una primera votación por 81 senadores –prevista para el 9 de agosto– donde deberá cosechar un mínimo de 41 votos (mayoría simple) para que se prosiga al juicio. De aprobarse la continuidad del proceso, tendrá lugar el juicio final –entre el 25 y 27 de agosto– que determinará si Rousseff es destituida en forma definitiva. Para que eso ocurra, será necesaria una mayoría especial de 54 votos (dos tercios). De lo contrario, el caso será archivado.