18:02 › OPINIóN
El cacerolazo y las protestas que lo precedieron, cambio de escenario. Impacto en Tribunales y en la oposición. Retroceso forzado del Gobierno. La acción directa, historia y gravitación. Violencia institucional redoblada en Jujuy. La imagen posada de Macri le juega en contra. Tortugas prófugas, con rumbo a derecha. Y algo más.
Por Mario Wainfeld
El cacerolazo metió bulla y gente en todo el país, con modalidades ligeramente variadas. Cualquier protesta multitudinaria causa debates acerca de la cantidad de participantes. Con mayor razón sucede en éstas, en las que la concentración física en calles o plazas es apenas parte de la jugada. Decenas de miles, cientos de miles… como fuera, solo un necio (en los gobiernos siempre los hay) podría negar su magnitud e incidencia.
Se reprodujo en ciudades grandes o pequeñas, varias en las que Cambiemos arrasó en la segunda vuelta electoral de 2015. Un abanico de edades y sectores sociales, con cierto énfasis en sectores de medios hacia abajo. La profusión de imágenes del jueves no fue una sorpresa ni un hecho aislado: hace secuencia con la catarata de movilizaciones que se sucedieron contra el tarifazo en su versión inicial. El presidente Mauricio Macri y su equipo pueden ningunearlos, achacarlos a comandos K… o empezar a preguntarse por qué salieron pese al frío (o cacerolearon desde las ventanas o los balcones) miles de personas no habituadas a hacerlo. La primera respuesta, accesible si no se tapan los oídos, es que metieron ruido de corazón porque les agredieron el bolsillo.
El Gobierno se empecinó en defender la medida con argumentos pueriles o insultantes para la inteligencia media. Solo la revisó cuando no le quedó otra porque la Sala Segunda de la Cámara Federal de La Plata la anuló para todo el país. La “corrección” ulterior (el tarifazo acotado, oxímoron flamante) reincide en la ilegalidad que vicia al tarifazo inicial: la falta de audiencias públicas impuestas por la Constitución y las leyes. Puesto en latín, idioma tan caro a los juristas: el escollo no es el quantum de la suba sino el “comum”.
La Corte Suprema deberá hacerse cargo a disgusto y en agosto. Pero lo más importante se sustancia en otro terreno: el de la opinión pública y la acción directa, que tanto influyó en la historia cercana.
Los medios dominantes asordinaron el ruidazo tanto como pudieron, en la previa y en los días después. El deleznable atentado terrorista en Niza vale como tapa en cualquier diario del mundo pero el afán de esconder la movida fue manifiesto: se la relegó a un recuadrito o a la nada por no hablar de la cobertura en páginas interiores, en radio o la tele.
El negacionismo no bastó. La revuelta despertó y activó a la dirigencia política, en especial a la oposición light. El presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, es una muestra del fenómeno. Transigente con el macrismo, abdicante en la votación del acuerdo con los fondos buitres, se desmarca ahora y pide la renuncia del ministro de Energía Juan José Aranguren. Los senadores no oficialistas, en pleno, votan una resolución enfrentando la política oficial. Varios gobernadores patagónicos habían primereado interpelando al Gobierno y promoviendo demandas judiciales. Son reflejos de conservadores populares de mirada corta en materia nacional pero muy perspicaces para registrar los estados de ánimo colectivos en sus territorios. Si hay bronca o desazón no “garpa” pegarse automáticamente al macrismo: es astuto tomar distancia.
Los jueces más decentes se pusieron las pilas, miembros del gabinete se recriminan entre sí y filtran sus cuitas en off a los periodistas amicales. La recaudación fiscal disminuirá, aún si la Corte le da una manito al oficialismo y convalida el aumento del 400 por ciento.
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Un largo camino: La gravitación de la acción directa en el sistema político argentino desde la recuperación democrática es grande, seguramente superior a la que registran otras comarcas.
Tal vez abrieron camino o clavaron un hito las Marchas del silencio en Catamarca pidiendo justicia respecto del asesinato de María Soledad Morales. Sacudieron la apatía o impotencia del movimiento social en los noventa, domesticado por el fracaso del gobierno alfonsinista, la hiperinflación, el peso de la deuda externa. Los catamarqueños nacionalizaron un crimen encubierto por los poderes provinciales, doblegaron a la impunidad. Las consecuencias trascendieron al juicio penal mismo: el desprestigio le valió la pérdida de la gobernación a la dinastía de los Saadi.
Los cacerolazos y las salidas a la calle contra el estado de sitio decretado por el ex presidente Fernando de la Rúa concausaron su renuncia y consiguiente fuga, conjugados con otros factores tremendos. El ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, “el breve”, también sufrió los embates de la ciudadanía embravecida.
Los familiares de las víctimas de la tragedia de Cromañón suscitaron un clima de opinión que, también entreverado con otras causas, contribuyó al juicio político que destituyó a Aníbal Ibarra, Jefe de Gobierno porteño y aliado del oficialismo nacional de ese entonces.
Hablamos, claro, de los picos más altos de instrumentos que se usan cotidianamente con efectos menos rotundos y llamativos pero a menudo muy gravitantes. Los gobiernos kirchneristas consiguieron lo que no se veía desde casi veinte años, en tiempos de Alfonsín: movilizaciones masivas a favor del oficialismo. Pero también afrontaron marchas, piquetes, actos en contra. Juan Carlos Blumberg hizo punta, consiguiendo arrancar un puñado de leyes procesales y penales espantosas, que andando el tiempo fueron derogadas.
El conflicto con “el campo” fue el desafío más severo para el kirchnerismo: puso en vilo la gobernabilidad, obtuvo el rechazo de las retenciones móviles, influyó en la derrota electoral del Frente para la Victoria en 2009. La metodología fue la más brutal y destituyente que se recuerde desde 1983: cortes totales de rutas durante meses, desabastecimiento de productos básicos, dilapidación de alimentos arrojados por los productores levantiscos o requisados por los piqueteros VIP.
Los vecinos de Gualeguaychú sostuvieron por años la protesta activa contra la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos, Uruguay. Mantuvieron cortado un puente internacional durante un lapso inimaginable en casi cualquier país del mundo. Condicionaron la política exterior e influyeron en la mayor contradicción de la política regional integracionista de los presidentes Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Nadie está exento ni puede presumirse que ese recurso de los sectores populares cesará, aunque es claro que se adecuará a cada etapa y circunstancia. El macrismo llegó prevenido al poder y recién aterrizado produjo dos movimientos para frenar, disuadir o reprimir la protesta social. Hablamos del Protocolo anti piquetes creado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y del escandaloso encarcelamiento de Milagro Sala, sin condena ni proceso.
El Protocolo aspiraba a amedrentar o enredar a los manifestantes en una maraña de requisitos burocráticos-autoritarios cuyo incumplimiento facultaría a prohibir sus convocatorias, reprimirlos o sancionarlos. El mecanismo está, en general, frizado aunque es una amenaza pendiente, una espada de Damocles M. Era desde el vamos imposible exigir que los organizadores de cualquier convocatoria preavisaran su realización, alcance y magnitud numérica. ¿Cómo hubieran podido cumplir las variadas organizaciones y los espontáneos que dieron rienda suelta a su crítica y a la alegría de lo colectivo el jueves 14? ¿Qué podría haberles sucedido a los dirigentes sindicales que organizaron el acto de las cuatro centrales obreras del 29 de abril si intuían “a menos” la asistencia? ¿Habrían consumado una contravención, un delito, un pecado? ¿Deberían haber sido detenidos o pagar una multa, calculando el monto en función del “exceso” de laburantes, “x” pesos per cápita “excedente”?
Más grave, sostenida y creciente es la violencia institucional en Jujuy.
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Tristes aniversarios: Coinciden en este mes dos aniversarios aciagos: cuarenta años del “apagón” de Ledesma, ejemplo cabal de la complicidad civil y empresaria con la dictadura y el semestre de detención de Milagro Sala. El gobernador radical Gerardo Morales los celebró de manera doble. Se apresó a Raúl Noro, esposo de Milagro Sala mientras se redobla la persecución ilegal a la militante social y a sus abogados. En Ledesma, la Guardia de Infantería jujeña se ensañó con trabajadores que hacían huelga en defensa de derechos laborales que consideran conculcados. Por enésima vez desde las asunciones de Macri y Morales se dispararon balas de goma contra personas inermes, a menudo por la espalda y a corta distancia.
Por fortuna o por sensata autocontención el macrismo no aplicó la metodología contra manifestantes no encuadrados el jueves 14.La presencia policial fue escasa, motivando que campearan la tranquilidad ciudadana, el batifondo fervoroso, el respeto por los demás, la ausencia de disturbios. La intervención uniformada a menudo funciona como provocación fogoneando lo que, en teoría, aspira a prevenir.
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Avances y retrocesos: Las movilizaciones y actos del movimiento obrero, de la comunidad universitaria, de docentes –entre tantos– o la renuncia del ex Ministro de Cultura porteño Darío Lopérfido comprueban que el macrismo no gobierna sin resistencias y que éstas tienen eficacia cuando se organizan bien y con constancia. Todos esos movimientos son transversales, minorías intensas que se agrupan en defensa de intereses propios, específicos. Son el pilar más sólido de la oposición real, en un contorno de crisis de los partidos opositores y de las cúpulas gremiales.
El Gobierno sufrió un revés que aumentó la radicalidad de dirigentes opositores. Y le valió reprimendas ceñudas de medios y formadores de opinión que saben actuar, según el momento, como su claque o su vanguardia. Los disensos en el Gabinete comprueban que se acusó el golpe.
No es, más vale, “el fin de la historia” ni de la primacía e iniciativa oficiales. El Estado nacional es fuerte y dotado de recursos que el Gobierno puede capitalizar en provecho propio. Es un legado de la herencia kirchnerista que Macri utiliza con frecuencia. La crisis del gas no termina con la preeminencia de la Casa Rosada pero alteró el cuadro de situación.
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Cacho y Doña María, pasado y presente: El macrismo no pudo sostener el tarifazo en toda su magnitud ni persuadir a la ciudadanía de la bondad de sus designios. Falló en un terreno que cultiva con denuedo y le es muy propicio: la publicidad y “la comunicación”. Traspapeló un principio básico de la aldea global: las imágenes quedan en la memoria o en los archivos de muchos actores. Macri quiso vestirse de asceta ecologista aconsejando restringir el consumo de gas farfullando banalidades sobre el medio ambiente, tema que desconoce de modo flagrante. Se dio de bruces con la foto que su equipo de asesores produjo mostrándolo de entrecasa junto a la primera dama Juliana Awada, pocos días ha, ataviados con la liviana camiseta de la selección de AFA. El afán original era transmitir la idea de una pareja común futbolera, engendrando empatía con la audiencia. Y, acaso, se logró en una franja apreciable de argentinos. Pero se le hizo búmeran cuando despotricó contra los que pasan el invierno “en patas y camiseta” en sus casas. Tal parece que se enteró de esos hábitos malsanos durante los timbreos de campaña. Quizás, el hombre que le contó sus costumbres derrochonas fue “Cacho”, el arquetipo que los asesores de imagen le inventaron a Macri. El interlocutor-vecino que junto a “Doña María” verbalizaban el sentido común del discurso de campaña.
Por ahí, quién sabe, Cacho y Doña María se espantaron con las facturas de gas y cacerolearon el jueves. “La gente” conoce bien el metro cuadrado que la rodea y reacciona cuando se la perjudica brutalmente. Con este dato incorporado, la historia continuará.
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