Ha sido frecuente en estos meses hablar de la imprevisión de las medidas de gobierno, admitida inclusive por los propios funcionarios, en lo que pretenden legitimar como una suerte de sistema de “prueba, error y rectificación”. Sin embargo, si se observa la agenda legislativa llevada adelante por el oficialismo en sus núcleos normativos centrales, se advertirá la paulatina configuración de un nuevo modelo de país, avalado por la mayoría de la dirigencia política. A través de los proyectos presentados ante el Congreso de la Nación, la alianza Cambiemos pretende garantizarle al poder económico que la Argentina ingresará en un camino del cual ya no podrá apartarse y que no se verá alterado por los avatares electorales.

Ese proyecto se sostiene en las siguientes leyes:

1. El retorno a los mercados internacionales de crédito en forma incondicional.

La ley de pago a buitres/holdouts, que implicó renunciar al esquema de tensiones y acuerdos que el país había sostenido en el trabajoso proceso de reestructuración exitosa de 92,4 por ciento de su deuda en default, para pasar a convalidar ganancias extraordinarias de fondos especulativos. Una vez que el Congreso aprobó la ley, el Ministerio de Hacienda y Finanzas apresuró un giro de 11.700 millones de dólares al exterior, sin informar jamás al Parlamento argentino quiénes fueron los beneficiarios de ese abultado pago y el porcentaje de deuda arreglado. La administración de la deuda pública vuelve a ser así un resorte de los tecnócratas y no del poder político.

2. El fin del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

La recuperación de los fondos previsionales en poder del sector privado y su administración por el Estado dotó a la Nación de una herramienta poderosa para ejecutar políticas de regulación financiera y anticíclicas, al concentrar recursos de largo plazo y bajo costo en una suerte de fondo público de inversión voluminoso. El plexo normativo aprobado, junto con el blanqueo y la reforma previsional, reduce la capacidad de intervención en los mercados de dicho Fondo y fija como horizonte de mediano plazo su disolución al facilitar la venta de sus activos financieros.

3. La exteriorización de capitales sin obligación de ingresarlos al país. Se legaliza el país bimonetario.

La ley de “blanqueo” responde a las presiones estadounidenses de eliminar los paraísos fiscales fuera de su territorio y, a la vez, admite exteriorizar fondos sin ingresarlos al país ni pagar a futuro impuestos por su tenencia, dado que se elimina progresivamente el impuesto a los bienes personales. De este modo, se sincera que los agentes económicos más poderosos puedan tener sus capitales en “blanco” depositados en las plazas financieras globales y arbitrar con la compra de activos en el país, conforme a los cambiantes precios relativos que operen en la economía local, constituyendo una fuente de presión cambiaria y de volatilidad permanente. El cambio estructural novedoso radica en que ese comportamiento alcanzará un “status” jurídico de mayor legalidad, porque un agente económico que tenga radicados activos financieros en el extranjero y exteriorizados a través de la presente ley podrá tomar decisiones de inversión globales sobre su patrimonio, que impactarán en la economía argentina.

En suma, el conjunto de “leyes núcleo” sancionadas hasta ahora han preparado el terreno para la plena integración financiera argentina a los mercados globales en forma subordinada.

El próximo paso en esa dirección es la reforma de la ley de obras públicas, que apunta a colocar el desarrollo de la infraestructura del país en manos de consorcios extranjeros que puedan aportar financiamiento internacional.

A todas luces, la alianza Cambiemos intenta amalgamar la representación popular con las demandas de los intereses poderosos. Sería deseable que los representantes de partidos de histórica raigambre popular no se presenten a ese juego, defendiendo en cambio los intereses del país y del pueblo que los eligió.

* Secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad de La Matanza.