El ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguró ayer que el Gobierno convocará a una “audiencia informativa ad hoc” para explicar cuál es el estado de situación del sector energético y por qué tuvieron que aumentar las tarifas de luz y gas en la magnitud en que lo hicieron. Pese a los múltiples fallos judiciales en contra, el funcionario insistió con que no es necesario convocar a audiencia pública para aplicar el tarifazo, pero se mostró dispuesto a realizar una especie de simulacro para ver si de ese modo desactiva las protestas y logra que la Corte Suprema le dé luz verde al ajuste. Anoche los abogados del Gobierno trabajaban contra reloj para ajustar el anuncio a las exigencias que fija el Reglamento General de Audiencias Públicas previsto en el decreto 1172/2003. No es una tarea fácil porque no están dispuestos a respetar los plazos que establece el reglamento ni a garantizar el acceso previo a toda la información que se requiere para participar de un encuentro de esas características. Además, buscan que esa audiencia ad-hoc convalide el tarifazo con carácter retroactivo. Pese a lo precario de la propuesta, Aranguren presionó públicamente a la Corte para que avale el aumento. “Creemos que eso es lo que tiene que hacer. Una decisión en sentido contrario sería muy grave y nos impediría poder continuar recomponiendo el sistema energético argentino”, aseguró.

Cuando decidió avanzar con los aumentos, el gobierno descartó la convocatoria a audiencias públicas porque quería aplicar los nuevos cuadros tarifarios cuanto antes y las audiencias iban a demorar el cumplimiento de ese objetivo. Esa fue la decisión política y después se buscó la mejor manera de justificarla. Apenas surgieron los primeros cuestionamientos judiciales, el gobierno desplegó dos argumentos. En lo que refiere a los precios mayoristas de la energía eléctrica y del gas, aseguró que no hacía falta convocar a audiencia porque el segmento de la producción está desregulado.

A su vez, cuando le tocó explicar porque tampoco se había hecho audiencia cuando se avanzó con la modificación de los cuadros tarifarios que aplican las distribuidoras, Aranguren respondió que en ese caso si se habían hecho audiencias, pero a mediados de la década pasada. El argumento fue que el tarifazo no era consecuencia de una Revisión Tarifaria Integral (RTI) sino de una “adecuación transitoria” que continuaba con una negociación contractual iniciada en 2003 y que todavía no había concluido porque el gobierno de Néstor Kirchner la dejó inconclusa. Las asociaciones de consumidores respondieron que esas audiencias no eran válidas porque habían pasado más de diez años (en el caso del gas, la última fue el 6 de mayo de 2004), pero los abogados del Ministerio de Energía replicaron ante la Justicia que “el argumento utilizado para ordenar la realización de una nueva audiencia pública (los años transcurridos desde la celebración de la audiencia anterior), son afirmaciones dogmáticas”. Distintos tribunales desestimaron el asombroso argumento oficial y las subas quedaron anuladas. Pese a ello, Aranguren ayer aseguró que “desde el punto de vista legal, lo que hemos hecho está perfectamente justificado”.

El ministro insistió con los mismos argumentos, pero reconoció que desde el punto de vista político están teniendo algunos problemas. Por eso, anunció que realizarán la audiencia ad hoc. El funcionario sostuvo que será solo para informar sobre los precios en el eslabón de la generación, porque las audiencias para discutir las tarifas de transporte y distribución ya fueron convocadas para octubre. Lo que no aclaró Aranguren es que la audiencia de octubre no es para analizar los aumentos que aplicaron a comienzos de año sino para avanzar con la RTI que determinará las subas para el año próximo. “La gente, los políticos, los periodistas y todos los que están opinando sobre el tema piensan que tenemos que hacer una audiencia pública para lo que es la generación de electricidad y el precio del gas en boca de pozo. Bueno, vamos a hacer una audiencia pública, estamos redactando una resolución y la estamos viendo dentro del marco de la ley de acceso a la información pública”, aclaró el ministro en declaraciones radiales.

“Están cargando a los usuarios. Es una chantada. La audiencia pública no es para informarse. La información debe ser suministrada con anterioridad para que los usuarios puedan analizarla con tiempo y hacer sus planteos durante el encuentro”, sostuvo a Página/12 Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores.

Aranguren además dejó en claro que la intención oficial es que el tarifazo siga teniendo vigencia desde que se aplicó a comienzos de año, lo cual también fue cuestionado por los representantes de los usuarios. “Las nuevas tarifas sólo pueden entrar en vigencia cuando realicen una verdadera audiencia pública, tal como lo prevé la ley, y de ninguna manera lo que se decida en ese espacio puede tener carácter retroactivo”, agregó a Página/12 Claudio Boada, titular de Unión de Usuarios y Consumidores.

En Tribunales ayer también se mostraron sorprendidos por las declaraciones de Aranguren. La Corte Suprema debe resolver las impugnaciones judiciales y está demorando lo más posible para que el gobierno encuentre una solución política, ya que es muy difícil validar lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Las fuentes del Poder Judicial consultadas por Página/12 coincidieron en que la convocatoria a una “audiencia informativa ad-hoc” no parece el mejor camino para aliviarle la tarea al máximo tribunal. A su vez, se mostraron sorprendidos por las declaraciones del ministro diciendo cómo tenía que fallar la Corte y haciendo responsable a los supremos por lo que pueda pasar con el sector energético.

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