La designación de Alejandro Saint Jean al frente de la seguridad de la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos genera algunos interrogantes: ¿Qué significa que el hijo de un represor sea designado en un puesto importante del Estado? ¿Cuánto tienen que ver los hijos con su historia familiar? ¿Influye en la formación de valores?

Para reflexionar al respecto, primero hace falta poner algunos datos genealógicos sobre la mesa. Su padre, Ibérico Saint Jean, fue procesado por más de 60 delitos de lesa humanidad cometidos durante los casi cinco años que fue gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires. Se lo puede recordar por varias frases, tristemente célebres, como “primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos”, o hasta incluso por jactarse de haber hecho desaparecer “cinco mil subversivos”.

Su tío Alfredo Oscar Saint Jean fue procesado por más de 30 delitos de lesa humanidad llevados a cabo cuando era Secretario General del Ejército y Ministro del Interior de Galtieri. En 1982, mientras cientos de miles de argentinos se movilizaban hacia la Plaza de Mayo bajo la consigna de “Paz, Pan y Trabajo”, convocados por una CGT con Saúl Ubaldini a la cabeza, él ordenaba reprimirlos.

Su hermano Ricardo Saint Jean es un activo militante en favor de la libertad de los represores condenados por delitos de lesa humanidad. En el Foro de Abogados de Represores de América Latina, mientras exponía sobre lo que consideraba “una desigualdad legal”, dijo: “Somos los judíos de la Alemania nazi, los cristianos en Irak, los parias de la democracia, los esclavos del socialismo del siglo XXI”. Frase que demuestra con qué cinismo es posible hablar de desigualdad.

No podemos negar el peso simbólico de tamaña tradición familiar, pero no es suficiente para reprocharle nada al funcionario. Las responsabilidades penales o morales de nuestros familiares no se heredan. Ahorrémonos la batalla de argumentos que embarran la cancha y vayamos al núcleo del problema. Nuestra democracia, nuestras instituciones, nuestra historia y la de los miles de argentinos que sufrieron la dictadura militar no pueden permitir que tengamos funcionarios públicos que no condenen las atrocidades de esa larga noche con excusas del tipo “no tengo nada que ver, no voy a emitir ninguna opinión”.

El problema no es que sea el hijo de un represor, sino que no emita posición al respecto. No es tan sólo un tema personal. Tiene que tener la valentía ya sea de hablar o de renunciar, porque hablamos de la responsabilidad sobre una provincia de Buenos Aires que tuvo a Ramón Camps a cargo de la Policía Bonaerense y que acumuló 60 Centros Clandestinos de Detención donde se secuestró, se torturó, se violó, se asesinó y se apropiaron niños.

Mientras para algunos la historia es en el mejor de los casos una mochila o la verdadera pesada herencia que deben esconder bajo la alfombra, para otros de nosotros es un orgullo. Somos muchos los que no nos imaginamos teniendo que ocultar el legado de nuestra familia. Hombres como mi abuelo nos inspiraron valores colectivos de solidaridad y trabajo, nos mostraron el camino de la política desde la militancia y el sacrificio por lo público. Ese legado lo vamos a respaldar hasta el último de nuestros días, porque fue el que quiso el pueblo. Esa es, nada más y nada menos, la diferencia entre una mochila y una bandera.

* El autor es nieto de Oscar Bidegain, gobernador electo de la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Héctor Cámpora y Juan Domingo Perón.