Las medidas económicas implementadas hasta el momento por el gobierno no sólo generaron una masiva ola de despidos, que ya se cobró casi 200 mil puestos de trabajo registrados en lo que va del año, sino también una importante pérdida en el poder adquisitivo del salario de los que todavía mantienen su empleo. “Durante el primer semestre la reducción del salario real de los trabajadores registrados del sector privado alcanzó al 12 por ciento, lo cual permite asumir que el impacto en los ingresos de los asalariados no registrados fue significativamente mayor”, según el informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra). Sólo en el primer semestre la inflación acumulada se ubicó en un 26 por ciento. El departamento de estudios de la CTA advierte que ninguno de los convenios colectivos acordados por los sindicatos alcanzó la inflación estimada para este año, que rondará el 45 por ciento, el nivel más alto de las últimas tres décadas.

“Tanto la devaluación como la quita de retenciones y el tarifazo en los servicios públicos (aún inconcluso) provocaron el nivel de inflación más significativo desde la hiperinflación de 1989, la variación de precios esperada es del 45 por ciento anual y no del 25 por ciento como había sostenido el gobierno al comienzo de su gestión”, señala el informe que elaboró el equipo de investigación que componen Nicolás Arceo, Mariano Barrera y Pablo Manzanelli. En tanto, las discusiones salariales a principio de año se ubicaron más cerca del 30 por ciento anual. “Así las paritarias acordadas permitirán recuperar sólo parcialmente la contracción del salario acontecida durante el primer semestre del año”, explicaron.

El informe señala que la inflación acumulada en el primer semestre supera holgadamente el 26 por ciento. “Si bien es posible que se desacelere durante el segundo semestre, el promedio anual en 2016 se ubicará entre 43,9 y 45,4 por ciento respecto a 2015, año en que el incremento de precios se había reducido a 26,5 por ciento”, advierte. De todos modos, todavía resta que se trasladen todos los incrementos en los costos a los precios finales al consumidor y que se definan los porcentajes de aumentos de los servicios públicos. “Si bien el Gobierno comunicó que no se producirán nuevos incrementos en las tarifas durante el segundo semestre, se están autorizando aumentos en diversos servicios regulados”, agrega el informe de Cifra.

En este contexto, pese a que aún quedan cuotas pendientes de los aumentos escalonados, éstas no alcanzarán para cerrar el año al menos equiparando la inflación. “En el escenario mínimo de inflación (43,9 por ciento) estimada se prevé que el salario real se reduzca 4,3 por ciento en diciembre de 2016 respecto al mismo mes del año anterior. Pero si se evalúa el escenario de mayor inflación (45,4 por ciento) el salario real puede descender hasta 7,1 por ciento en el mismo período”, destacan los economistas de la central sindical. Si se toma el aumento salarial promedio para el transcurso de 2016, la pérdida de poder adquisitivo se ubicará entre 5,3 y 7 por ciento interanual. Estos números justifican el reclamo de la mayoría de los sindicatos para que se reabra la discusión salarial y se revisen los porcentajes.

Cifra no prevé un repunte en el consumo para la segunda mitad de este año. La pérdida de poder adquisitivo de los hogares se está reflejando en los niveles de consumo. En junio último, las ventas minoristas registradas por Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se redujeron 9,8 por ciento, con una contracción de 6,4 por ciento en el consumo acumulado del primer semestre respecto del mismo período del año pasado. Las ventas en supermercados relevados por el Indec cayeron en términos reales un 13,5 por ciento en mayo, acumulando una reducción del 30 por ciento desde diciembre. En los centros de compras, cayeron 16,2 por ciento en abril y acumulan una caída del 44,7 por ciento en lo que va del año. Esa contracción de mercado interno es la que el gobierno pretende utilizar como ancla de precios, pero sólo refleja la imposibilidad de cualquier recuperación económica y del poder adquisitivo.

El informe también destaca la destrucción de puestos de trabajo, que estimó en 128.400 entre noviembre y mayo últimos. El dato se complementa con la estimación que realizó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la cual da cuenta de 194 mil despidos, de los cuales 128 mil correspondieron al sector privado. “Vale remarcar que este indicador no toma en consideración ni el empleo público ni el informal. Por lo tanto, en el marco de las medidas adoptadas en materia de empleo público y la sensibilidad del empleo informal ante fases recesivas, es probable que se registre una mayor contracción en el nivel agregado de empleo”, destaca el informe de CTA. La principal destrucción de puestos de trabajo estuvo vinculada con la producción de bienes y la construcción, debido a la falta de inversiones en dos sectores clave para la evolución económica.