El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) estimó en 1,4 millones los nuevos pobres en los primeros cinco meses de la gestión Cambiemos y planteó la necesidad de “una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste” implementado por el gobierno de Mauricio Macri. El informe advirtió que los costos de las medidas económicas que, según el Gobierno, derivarían en el célebre “derrame” de bonanza no sólo están afectando a los sectores más vulnerables que reciben algún tipo de ayuda social sino también a “millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales”.

El documento titulado “Tiempo de Balance: Deudas Sociales Pendientes al Final del Bicentenario. Necesidad de atender las demandas del desarrollo humano con mayor equidad e inclusión social” profundiza el análisis de los datos difundidos en abril. La UCA contabilizó un total de 13 millones de pobres, que implican un salto del 29% de fines de 2015 al 32,6% en abril. La tasa de indigencia, en tanto, también se incrementó hasta alcanzar en marzo pasado el 4,1% de los hogares y el 6,2% de la población, en base a un relevamiento sobre 5.700 hogares y en un universo geográfico de 25 aglomerados urbanos con más de 80.000 habitantes y especial representación del área metropolitana de Buenos Aires.

El sociólogo Agustín Salvia, coordinador del observatorio, planteó en su introducción la necesidad de “descifrar el carácter estructural de muchas de las deudas sociales que nos atraviesan”. “Las injustas privaciones pueden agravarse frente a un error de diagnóstico que conlleve a equívocos insalvables en la orientación de las políticas”, advirtió. Destacó la necesidad de contar con “información estadística amplia, veraz y objetiva” y aclaró que su propio estudio “representa un valioso aporte en este sentido”.

El Gobierno “confía en lograr un derrame de inversiones, empleo y bienestar” que, a su juicio, va de la mano de una “dolorosa transición en materia social”. Repasó algunas “medidas de alivio” y luego advirtió que “el mayor riesgo social no sólo lo están experimentando los segmentos de la población más vulnerables que dependen de la ayuda social sino también millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales”. Esos sectores carecen de visibilidad y representación política y “no han sido objeto de una especial protección social frente a la actual fase de caída del consumo, aumento de los precios y mayor riesgo de despido o caída de la actividad”, señaló. Se trata de “un segmento al cual no llegan los aumentos por paritarias, ni las tasas de interés favorables, ni las tarifas sociales, ni el salario familiar, ni los aumentos en los programas sociales”. “Justamente es esta masa de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares los que constituyen los ‘nuevos pobres’ que emergen de medidas normalizadoras (sic) adoptadas por el actual gobierno”, afirmó. Si bien “es factible que el gobierno necesite ganar tiempo para que la economía comience a crecer y para generar confianza en que un futuro distinto es posible”, concedió, “muy poco se logrará si durante este duro tránsito no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles”.

Para el Observatorio, el “actual escenario fuertemente inflacionario contribuiría a la formación de una nueva capa de pobres”. “En este marco, cabe preguntarse si son suficientes y están llegando a tiempo las medidas de alivio social adoptadas para los sectores más pobres”, planteó. Hizo hincapié en que un 20 por ciento de los hogares no reciben “ningún tipo” de cobertura social, por lo que constituyen “un grupo particularmente vulnerable”. “No se encontrarían asociados a los ajustes de ingresos a través de paritarias y tampoco tendrían acceso a la tarifa social a nivel de los servicios ni en el transporte. Se encuentran en esta situación más de dos millones de hogares”, calculó la UCA. Salvia advirtió durante la presentación que “una disminución significativa” de la pobreza por ingreso “tendrá lugar con una caída de la inflación, suba de crecimiento y mejora del escenario laboral.”